La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) advirtió este domingo que la reactivación de la agenda petrolera en Loreto amenaza los procesos de protección de las reservas indígenas Napo-Tigre y Afluentes.

El reporte sostiene que la presión política y empresarial para impulsar nuevas inversiones en hidrocarburos coincide con iniciativas que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).

Según el informe, el nuevo impulso al sector petrolero se fortalece con la llegada del fujimorismo al Ejecutivo y la propuesta del denominado "Plan de Prosperidad de Loreto", documento que plantea convertir a los hidrocarburos en el principal motor económico de la región. Orpio advierte que este plan propone revisar restricciones ambientales y legales que actualmente protegen territorios donde habitan pueblos indígenas en aislamiento.

El reporte también señala que existe expectativa por el desarrollo de nuevos proyectos en los lotes 39, 67 y 95, áreas que se superponen con territorios solicitados para reservas indígenas. 

Además, alerta sobre iniciativas legislativas que buscan modificar los mecanismos de protección de los PIACI, trasladando competencias a gobiernos regionales o estableciendo evaluaciones periódicas que, según la organización, podrían debilitar el sistema de resguardo vigente.

Orpio sostiene que la reactivación petrolera se desarrolla en una región con profundas brechas sociales. El informe recuerda que cuatro de cada diez habitantes de Loreto viven en situación de pobreza y que, pese a que la industria petrolera ha generado más de S/40 000 millones en cinco décadas, esos recursos no se han traducido en mejoras sostenidas en servicios básicos, infraestructura sanitaria ni educación para las comunidades amazónicas.

En materia ambiental, el documento precisa que entre 1997 y 2023 se registraron 707 derrames de petróleo en Loreto y que la Defensoría del Pueblo mantiene 23 conflictos sociales activos o latentes vinculados a la actividad petrolera. 

Asimismo, señala que más de 90 federaciones indígenas mantienen demandas relacionadas con remediación ambiental, cumplimiento de compromisos sociales y mayor participación en los beneficios de la industria.