La justicia tiene en la mira al exalcalde de La Joya, Gilmar Luna Boyer (41) y la Fiscalía solicita al Poder Judicial una pena de 22 años y cuatro meses de prisión en su contra por ser parte de la presunta organización criminal “Los traficantes de la pampa”. Pero, antes de lograr esa sentencia, por el momento se solicita 36 meses de prisión preventiva para seguir investigándolo por el delito contra la fe pública, organización pública, delito contra la administración pública, abuso de autoridades condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios y cobro indebido.
La fiscal María Alejandra Cárdenas resumió cómo actuaba Gilmar Luna para dar “promoción e integración” de la organización criminal.
El titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, José Luis Vilca Conde -durante la audiencia- mencionó que llevan más de 20 días en oralidad de alegatos y las diligencias continuarán el lunes 10 de abril con la defensa de Gilmar Luna Boyer.
Los fiscales María Alejandra Cárdenas y Renzo Chire narraron cómo los 14 imputados operaban por órdenes del señalado cabecilla de la organización, Juan Valencia Postigo (65) y su lugarteniente Maritza Callachet Quiroz (50). Con otros imputados coordinaban por llamadas telefónicas o a través del WhatsApp y hacer las denominadas “rondas” por todos los sectores de la ilegal asociación ‘ASPPRODUCTO lucha contra la pobreza’.
La audiencia inició el 13 de marzo del 2023 con la oralización de los elementos de convicción de Juan Valencia Postigo, y de todos los imputados como organización criminal. Luego de 10 días de investigación previo a la detención por la Policía Nacional del Perú.
JUAN VALENCIA POSTIGO. En los elementos de convicción expuestos por los fiscales señalaron que presunto cabecilla de la organización criminal se apropió de proyectos de la asociación irrigación privada de La Joya en Arequipa ASPRIDI, proyecto agrario que abarcaba 713.22 hectáreas en la localidad de La Joya. Además, los fiscales con los elementos de convicción indicaron que los terrenos son propiedad del Estado.
Para lograr su cometido, según la fiscal, creó la asociación ASPPRODUCTO, vendió los terrenos a personas que luego fueron socios y pertenecieron a formar parte de la organización criminal y otros se volvieron opositores a Valencia. Las investigaciones de la Fiscalía y Policía detectaron ejecutores de despojos, Juana Pastora Ramos (61), Mery Cavallero Saravia (70), Saturdina Quispe Humpire (62), Cirila Condori (21) y Jhon Alvarez Puma (44), los últimos se acogieron a la confesión sincera. Los elementos de convicción muestran pruebas de denuncias de víctimas, de los desalojos violentos hechos por los imputados. En la red de protección de los traficantes figuran los efectivos policiales, Víctor Zeballos Bello (44), David Chayña Laura (52) y Wilber Zeballos Vicente (62). La fiscal narró utilizaban su cargo para mantener informado a Valencia Postigo de denuncias hacia él, para ser desviados. La red también estuvo conformada por René Ediverto García Gonzales (57), el brazo legal de los traficantes, quien fue denunciado por tocamientos indebidos a una menor de 14 años, y Por último el exjuez de paz, Fausto Quirita Yauri (70), según la fiscal él a pesar de no tener el cargo de Juez entregaba constancias de posesión en ASPPRODUCTO por órdenes de Juan Valencia Postigo.
