Los secuestros extorsivos contra trabajadores informales se han convertido en una de las principales amenazas de seguridad en Lima durante 2026, según reportes policiales. Esta modalidad criminal ha desplazado a las extorsiones tradicionales y afecta especialmente a ciudadanos con empleos precarios, muchos de ellos migrantes. 

De acuerdo con información difundida por medios locales, ya se han identificado al menos siete casos en lo que va del año, evidenciando un cambio preocupante en las estrategias de las organizaciones delictivas.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, explicó que estas bandas han evolucionado su forma de operar para captar nuevas víctimas. “Se descubrió que estas personas habían penetrado las empresas de transporte. Ahora, van mutando a otros espacios”, señaló. 

En lugar de amenazas directas, los delincuentes recurren al secuestro temporal, reteniendo a las víctimas por periodos cortos para exigir pagos inmediatos a familiares o contactos cercanos.

Según la Policía Nacional, el modus operandi incluye el uso de vehículos y armas de fuego para interceptar a las víctimas, a quienes luego presionan mediante videos y registros de pagos. “Piden quinientos soles, trescientos soles, mil soles. Lo que ven que juntan”, detalló Revoredo. 

Las investigaciones también revelan que los mensajes extorsivos son enviados por distintos miembros de la organización, mientras las transferencias se canalizan a cuentas previamente designadas, lo que dificulta el rastreo del dinero.

Como antecedente, la vulnerabilidad de los trabajadores informales —muchos de ellos sin redes de protección— ha facilitado la expansión de este delito, ya que suelen evitar denunciar por temor a represalias o a perder su sustento. 

La Policía mantiene investigaciones en distritos como San Juan de Lurigancho y Lince, aunque sin denuncias formales hasta el momento. Ante este escenario, las autoridades recuerdan que las víctimas pueden comunicarse al 105 y acudir a instancias del Ministerio del Interior o la Fiscalía para recibir apoyo y formalizar sus denuncias.