Frente a la sede de la Fiscalía en el distrito de Gregorio Albarracín, un grupo de mujeres alzó la voz este lunes 2 de junio para exigir justicia por casos de presunto abuso sexual que aseguran cometió Guillermo Salas Cervantes, quien estaría vinculado laboralmente al Ministerio de Salud (Minsa) como chofer.
Las manifestantes, en su mayoría víctimas directas y familiares, demandan celeridad y transparencia en las investigaciones que actualmente enfrentan un preocupante riesgo de ser archivadas.
Una de las denunciantes relató que fue víctima de agresión sexual siendo menor de edad y que, pese al respaldo del centro de emergencia mujer (CEM), su caso fue archivado sin mayor explicación. Este hecho encendió la indignación entre activistas y organizaciones de defensa de derechos humanos, quienes aseguran que existe una alarmante desprotección institucional hacia las víctimas de violencia sexual en la región.
El 26 de marzo de 2025, una de las víctimas menores fue entrevistada mediante la cámara Gesell, una herramienta clave en procesos de este tipo. Sin embargo, dos de los cinco casos denunciados podrían ser cerrados y queden impunes.
Actualmente, solo dos investigaciones se mantienen activas, mientras aumenta la presión social por una respuesta contundente del Ministerio Público. Las manifestantes también denunciaron presuntas maniobras de encubrimiento por parte de la familia del acusado.