El Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa (Impla) negó que su propuesta busque desproteger la campiña arequipeña. Mediante un comunicado, la institución aclaró que plantea modificar y adecuar una ordenanza regional.

La gerente general del Impla, Patricia Magnolia Muñoz Medina, explicó que la propuesta no contempla derogar la Ordenanza Regional N.º 007-2003-GRA/GR, sino modificarla para alinearla con el ordenamiento legal vigente.
Según Muñoz, la adecuación responde a la necesidad de actualizar la norma y evitar interpretaciones que, a criterio del instituto, no corresponden con el contenido real de la propuesta. 

El Impla sostiene que la medida busca otorgar seguridad jurídica.
La funcionaria también cuestionó la competencia con la que fue emitida la ordenanza regional de 2003. Señaló que, de acuerdo con el artículo 195 de la Constitución y los artículos 73 y 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde a las municipalidades provinciales determinar la zonificación y clasificación de los suelos.

Otro de los argumentos planteados por el Impla está relacionado con las características técnicas de la norma vigente. 
La institución sostiene que el documento carece de información suficiente sobre la identificación de áreas, estudios cartográficos y datos georreferenciados.

El instituto considera además que la ordenanza de 2003 presenta incompatibilidades con la Ley N.º 31313 y su reglamento. Desde su perspectiva, durante los años de vigencia de la norma no se habría conseguido una protección efectiva de la campiña.

El Impla sostiene que la ordenanza constituye una declaración general y que su adecuación permitirá establecer criterios compatibles con el nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2025-2046.

La institución tiene entre sus funciones el ordenamiento territorial de Arequipa. Para ello, desarrolla criterios técnicos destinados a definir áreas de expansión urbana, zonas agrícolas, espacios de protección y sectores de conservación ambiental.

El debate se produce en torno a la forma en que debe protegerse la campiña y ordenarse el crecimiento urbano de la provincia. Mientras el Impla defiende la necesidad de actualizar el marco normativo, la discusión pública continúa sobre los mecanismos que garantizarán conservar este espacio agrícola.