La congresista Amalia Palomino denunció que no pudo realizar un recorrido por los ambientes en construcción del hospital Maritza Campos, durante una visita de fiscalización, debido a que el residente de obra le exigió contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para ingresar.
La parlamentaria llegó al proyecto durante la semana de representación para verificar sus avances. Sin embargo, según explicó, solo se le permitió permanecer en el ingreso y participar en una reunión con el equipo técnico del Consorcio Maritza Campos, que respondió algunas de sus preguntas.
“Me han dicho que no puedo continuar con mi fiscalización porque no tengo el seguro SCTR”, declaró Palomino. La congresista aseguró que en anteriores visitas a otras obras no le solicitaron este requisito y cuestionó que esta vez se le impidiera continuar con la inspección.
La parlamentaria señaló que fue el ingeniero residente de la obra quien tomó la decisión. “Me está impidiendo mi labor de fiscalización”, afirmó.
CUESTIONAMIENTOS. Durante su intervención, Palomino también cuestionó que el proyecto pueda culminar en el plazo anunciado. Según sostuvo, todavía no se habría iniciado el trabajo de electrificación y señaló que los ascensores llegarían recién dentro de unos 40 días.
“¿Cómo va a terminar en un mes? Esto es imposible”, manifestó.
La congresista también dijo que no pudo verificar directamente aspectos de la infraestructura, como las instalaciones eléctricas, los pozos a tierra y otros componentes del proyecto.
Además, cuestionó la cantidad de trabajadores que, según información recibida durante la visita, sería de aproximadamente 150 personas. A su juicio, esta cifra sería insuficiente para una obra de esta magnitud.
ACCIONES. La visita terminó con la presencia de efectivos policiales, solicitada por el equipo de la congresista para dejar constancia de lo ocurrido.
Palomino anunció que sus asesores informarán del caso a la Contraloría y la Fiscalía, al considerar que se habría impedido su labor de fiscalización.
“Entonces, he llamado a la Policía para que haga la constatación correspondiente”, señaló.
La parlamentaria fue más allá y sostuvo: “Esto no puede venir ocurriendo y esto es un delito, porque ese es presupuesto del Perú, presupuesto del pueblo”.
Finalmente, cuestionó que no pudiera conocer directamente el estado de los trabajos y reiteró su reclamo: “No me pueden privar mi función de fiscalización”.