El gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, manifestó su molestia ante la “criminalización de la función pública”. Alegó que en la actualidad existen fiscales que ante cualquier pequeño indicio o denuncia ciudadana, ya citan a las autoridades regionales a declarar en procesos de investigación, hecho que vulnera el principio de gobernanza.
Pidió al Ministerio Público actuar con objetividad haciendo un buen manejo de las evidencias y pruebas, este sería un pedido de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). La autoridad detalló que este sería un ataque a la función pública de un personaje elegido por la población.
“Hay algunos fiscales que criminalizan el acto público sin evidencias. Basta ya. Primero, la Fiscalía debe evaluar las pruebas que tiene y no hacer perder el tiempo a los gobernadores. Por ejemplo, en la última reunión de la asamblea en Huancho (Lima), tres colegas tuvieron que retirarse por este tema y cuando analizamos la situación eran casos pasados que no guardaban relación”, indicó.
Sánchez refirió que los gobernadores no tendrían por qué responder sobre temas administrativos de personal, así como logísticos. Detalló que estas notificaciones superfluas solo quitan los espacios de gestión de las autoridades.
SEÑAL DE DESESPERACIÓN. Para el abogado y analista político, Jorge Sumari Buendía, estas declaraciones son muestra de desesperación por parte del titular del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Alegó que solo la criminalización existe en la política y no durante una investigación preliminar.
“Cuando un ciudadano denuncia puedo involucrar a todo tipo de autoridades, ya la Fiscalía determinará la responsabilidad. No tiene en lo absoluto nada de malo declarar, al contrario, es muestra de transparencia”, indicó.
El especialista sostuvo que lo mencionado por Sánchez sería un acto de desesperación.
“Si consideras que el fiscal abusa de su función, lo puedes denunciar en control interno, pero no se puede comentar este tipo de cosas”, alegó.
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