El vocero del valle de Tambo, Mario Chirapo, envió un petitorio el viernes 8 de agosto a los alcaldes de la provincia de Islay para que gestionen la presencia de las autoridades del Gobierno central y puedan comprobar que el proyecto minero de Tía María no cuenta con licencia social y que la mayoría de la población rechaza su ejecución.
En la carta se advierte que, desde noviembre de 2024, presentaron tres solicitudes formales para gestionar la llegada de autoridades nacionales a Islay, incluyendo dos concentraciones notariales realizadas en mayo. Hasta la fecha, no han recibido ninguna respuesta concreta por parte de las autoridades.
Ante esta situación, exigen que el alcalde distrital de Cocachacra, Abel Suárez y sus demás colegas viajen a Lima en un plazo máximo de 15 días, a fin de gestionar la presencia de autoridades del Ejecutivo que puedan verificar en el territorio el masivo rechazo de la población.
Además, en el pronunciamiento alertó sobre las consecuencias de seguir ignorando las demandas ciudadanas. Señalan que podrían tomarse medidas drásticas, como ocurrió en 2011, 2015 y 2019, cuando el conflicto minero derivó en protestas de gran magnitud. “Evitemos decisiones drásticas que puedan tener consecuencias fatales. Que no se repita la historia”.
Cabe destacar que menos población está apoyando a la lucha contra Tía María y esto se puede ver reflejado en el número de firmas que obtuvo el petitorio y las convocatorias que realizan que no superan las 100 personas.
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