Arequipa

Familia hace plantón para exigir la libertad del exgerente general del Gobierno Regional de Arequipa Jorge Luis Aguilar

Los parientes del exfuncionario esperan que el Poder Judicial lo absuelva de la comisón de delitos.

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DIARIO VIRAL

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Familiares y amigos del ex gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Jorge Luis Aguilar Gallegos, realizaron plantón en el frontis de la Corte Superior de Justicia pidiendo que se absuelto de la sentencia de primera instancia de 4 años y 2 meses de pena privativa de la libertad por compras irregulares durante la gestión del ex presidente regional, Juan Manuel Guillén, en ese fallo se determinó que no hubo daño patrimonial.


Los parientes esperan que los magistrados lo liberen de la comisión de delitos. Se recuerda que Aguilar Gallegos, cuando era funcionario, manifestó que la ley de contrataciones era lenta para ejecutar obras de envergadura de las regiones y ante sus gestiones para acelerar los permisos, él se inmolaría por el desarrollo de Arequipa, pues estaba seguro que ante cambios en la normativa podía ser enviado a juicio e incluso a prisión


ANTECEDENTES
En el 2017 el Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata aprobó la acusación contra el ex presidente regional, Juan Manuel Guillén Benavides y seis exfuncionarios acusados de los delitos de malversación de fondos y negociación incompatible. Con ello se dio pase al inicio del juicio oral correspondiente.


Bajo esa línea, el 23 de mayo del 2017 y luego de 12 audiencias, se concluyó el control de acusación de este caso, signado con el expediente 7262-2011 que contuvo un total de 2002 folios en el que que el principal acusado es el exgerente, Jorge Luis Aguilar.


En ese momento, la Fiscalía Anticorrupción pidió para él 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad: mientras que para Juan Manuel Guillén Benavides, pide 3 años y 4 meses, en calidad de cómplice.


Además, entre el 2007 y 2011, se habría cometido el delito de malversación de fondos, por omisiones en la distribución del canon minero para la Universidad Nacional de San Agustín, a la cual le habrían causado un perjuicio equivalente a 34 millones de soles.


En este proceso están comprendidos también la exjefa de la Unidad de Proyectos, Sarah Peña Dávila; además de los servidores Rossana Morays Velásquez, Juan Velille Torres, Eliana Vargas Paz y Víctor Hugo Quispe Rodríguez.

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