Entre gritos de "¡Libertad!" y "¡Sí se pudo!", los dirigentes del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, Lugue Espinoza y Juan Chicata, fueron recibidos este sábado 11 de julio, luego de ser liberados de la carceleta del Poder Judicial.
Tras su salida, Lugue Espinoza negó las acusaciones y sostuvo: "Soy una persona que siempre ha obrado ante lo correcto, jamás diré ni haré los actos de los que me han imputado".
Aprovechando el caudillismo, hubo decenas de agremiados que los esperaron y los cargaron en hombros a los investigados que deben afrontar una denuncia por extorsión.
La detención de ambos liberados se produjo el martes 7 de Julio de 2026 para ser investigados por los delitos de extorsión, coacción y daños agravados, tras la denuncia presentada por la empresa APM Contratistas Generales S.A.C., pues asegura que fue atacada la obra que ejecuta para la nueva sede del Poder Judicial en Semi Rural Pachacútec.
APELACIÓN. Tras la captura de ambos dirigentes se ordenó siete días de detención preliminar, pero el abogado Rubén Mayta apeló y permitió que se deje sin efecto la medida y salieron en tres días.
Sin embargo, el caso no se cerró, el Ministerio Público continúa la investigación preliminar de tres meses, periodo en el que podrá recabar nuevos testimonios, pericias y demás elementos de convicción, sin descartar solicitar una medida de prisión preventiva si lo considera necesario.
DENUNCIA. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por representantes de APM Contratistas Generales S.A.C., empresa encargada de ejecutar la construcción de la nueva sede del Poder Judicial en el sector Semi Rural Pachacútec, en Cerro Colorado. Según la denuncia, los dirigentes habrían exigido la contratación de trabajadores afiliados al sindicato y, ante la negativa, se produjeron actos de presión e intimidación.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía investiga los hechos ocurridos el 6 de julio, cuando un grupo de manifestantes destruyó parte del cerco perimétrico y dos cámaras de videovigilancia de la obra. Asimismo, incorpora actas policiales que reportan presuntos actos intimidatorios para impedir el ingreso de trabajadores desde junio, además de imágenes y videos que registran los daños ocasionados durante las protestas.
El fiscal coordinador de las Fiscalías Provinciales Penales de Arequipa, Antonio Chacón Chacón, reconoció que varios vecinos y agraviados temían denunciar por posibles represalias y advirtió que una protesta deja de ser legítima cuando se convierte en un mecanismo para intimidar a terceros.
PERIODISTAS AGREDIDOS. Las manifestaciones también dejaron ataques contra la prensa. Una reportera de Radio Yaraví fue rodeada por un grupo de manifestantes que la insultaron, le exigieron borrar el material audiovisual que grabó e intentaron arrebatarle su celular.
"Me acorralan contra la pared y me dicen que borre los videos. Una señora intentó quitarme el celular, mientras los policías solo veían", relató la periodista, quien aseguró que la agresión se prolongó durante varios minutos sin que los efectivos policiales intervinieran.
