La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta Valencia, presentó su octavo proyecto de ley, una iniciativa que busca prohibir de manera absoluta las uniones de hecho o convivencias que involucren a personas menores de 18 años y establecer sanciones para quienes las fuercen, promuevan, organicen o faciliten.

La propuesta, denominada “Ley que prohíbe las uniones de hecho infantiles y erradica su impunidad”, plantea modificar el artículo 326 del Código Civil para establecer que toda unión de hecho o convivencia en la que uno o ambos integrantes sean menores de edad sea nula de pleno derecho y carezca de todo efecto jurídico. Asimismo, dispone que estas uniones no puedan ser reconocidas, inscritas ni declaradas judicialmente.

Para la diputada Arminta, la protección de niñas, niños y adolescentes exige pasar de los discursos a medidas concretas que permitan cerrar vacíos legales y evitar que situaciones que vulneran sus derechos terminen siendo normalizadas o amparadas bajo figuras jurídicas.

“No podemos permitir que una niña o adolescente sea sometida a una convivencia que limite su desarrollo, afecte su proyecto de vida o la exponga a violencia y maternidad temprana. El Estado tiene la obligación de protegerla y actuar antes de que sea demasiado tarde”, sostuvo la parlamentaria.

Uno de los principales aportes de esta iniciativa es que no se limita a declarar la prohibición de las uniones de hecho infantiles, sino que incorpora mecanismos para enfrentar a quienes intervengan en su generación o mantenimiento.

PROPUESTA. Por ello, el proyecto propone incorporar los artículos 151-B y 151-C al Código Penal para sancionar la unión forzada de una persona menor de edad y la promoción o facilitación de una unión forzada.

La propuesta establece penas de cuatro a ocho años de prisión para quien, mediante violencia, amenaza, coacción, engaño, abuso de poder, dependencia económica o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, obligue, induzca o determine a un menor de edad a iniciar o mantener una unión de hecho.

La pena se elevaría a seis a diez años cuando el responsable sea un ascendiente, tutor, curador o una persona que ejerza una posición de particular autoridad o confianza sobre la víctima.

Asimismo, quien promueva, organice, acuerde o contribuya a la realización de una unión de hecho con un menor de edad podría recibir una pena de cinco a ocho años de prisión.