El Código Penal Peruano establece penas de hasta tres años de prisión para quienes incumplen una obligación de prestar alimentos fijada mediante resolución judicial. La coordinadora de la asociación Lazos Humanitarios, Lizeth Tacuri, explicó que la falta de pago de las pensiones puede derivar en un proceso penal por el delito de omisión a la asistencia familiar. 

La abogada señaló que este grupo de infractores  también pueden ser inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), administrado por el Poder Judicial. Esta inscripción puede generar consecuencias en el ámbito crediticio, mientras que el incumplimiento de una orden judicial puede dar lugar a nuevas acciones legales.

PROCEDIMIENTO. Tacuri explicó que el procedimiento comienza con una demanda de alimentos ante el juzgado correspondiente, donde se determina la pensión que debe pagar la persona obligada. Si esta incumple el mandato judicial y no cancela las pensiones adeudadas, se pueden liquidar los montos pendientes y remitir el caso a la vía penal por omisión a la asistencia familiar.

La representante precisó que no existe un monto mínimo de deuda que -por sí solo- determine el inicio del proceso penal. Por ello, recomendó a las familias buscar asesoría para conocer los procedimientos y las medidas legales que pueden adoptar para exigir el cumplimiento de las pensiones.

ASESORÍA. Estos temas serán abordados durante una campaña gratuita de orientación legal y psicológica organizada por la asociación Lazos Humanitarios. La actividad se realizará el sábado 17, de 9:00 a las 15:00 horas, en la comisaría del sector El Porvenir (Miraflores).