El notorio aumento de la seguridad del Ministerio del Interior y seguridad personal privada otorgada al gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, dicen sus hombres de confianza de la autoridad que no se trata de evadir preguntas de la prensa, sino como garantía de su integridad, luego de los hechos de coyuntura nacional donde un teniente alcalde del municipio de Santa Anita fue asesinado en Lima; así lo informó el consultor del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Carlos Zanabria Angulo.
“La seguridad en las autoridades está relacionada al nivel de riesgo que se presenta. No sé si ustedes (prensa local) revisan las noticias, fue asesinada una autoridad. Cuando se presentan estos hechos, los entes que están a cargo de la seguridad recomiendan aumentar dicho nivel”, enfatizó.
Alegó que el resguardo a Sánchez es idéntico a lo observado en aniversarios pasados donde las autoridades se congregan para ceremonias protocolares, haciendo referencia al voluminoso cordón de seguridad visto en el aniversario del GRA.
“Si cubrieron los eventos de aniversario de Arequipa, la seguridad es idéntica a la que tuvieron esas autoridades y a las que tuvo el gobernador en el aniversario del GRA. Él está es su derecho de declarar o no a la prensa”, indicó. No obstante, en años anteriores la seguridad era menor.
SEGURIDAD CON DINERO PÚBLICO. Se confirmó que uno de los encargados de proteger al gobernador sería el policía en retiro, César Cornejo García (65), quien es militante del movimiento regional Yo Arequipa, por el cual postuló sin éxito a la alcaldía de Vítor en el 2022.
A este personaje se le paga con dinero del Estado, en dos meses de trabajo cobró en dos órdenes de servicio (n.°443 y n.°854) la suma de S/15 mil por el concepto de “servicio de seguridad personal para la oficina de gobernación”.
Sánchez alega existencia de mafias. En un programa local, el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, alegó la existencia de mafias dentro del Gobierno Regional de Arequipa que quieren desacreditar su gestión y el trabajo realizado en la lucha “contra la corrupción”.
De otro lado, ante los comentarios de opositores que señalan poca ejecución en obras pública, la autoridad dijo que estos procesos tardan un aproximado de dos años, en la convocatoria, licitaciones, creación del perfil y expediente, entre otros procesos.
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