La economía en Arequipa es afectada seriamente por organizaciones criminales desde el 2019. En dicho año las empresas constructoras que ejecutaban obras denunciaron pérdidas por más de 150 millones de soles, a causa de extorsiones y amenazas que recibían de parte de seudo sindicalistas.
Este es el caso de la obra del Centro Penitenciario de Socabaya, contratada por el INPE y ejecutada por el Consorcio Penitenciario Misti, conformado por las empresas Pizarotti de Italia y CMO GROUP de Perú, quienes manifestaron que en siete meses (mayo de 2019 - noviembre de 2019) enfrentaron pérdidas por más de 18 millones de soles.
A raíz de estos hechos en los próximos días se desarrollará la etapa final del proceso judicial contra los cabecillas de la organización criminal “Los ladrillos sindicales del sur”, liderados presuntamente por José Luis Chapa Díaz y Andrés Saya Alarcón, secretarios generales de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa respectivamente.
La lucha contra el crimen organizado es liderado por la fiscal Rosmery Mendoza Palomino, de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, que presentó al Juez una acusación sólida con pruebas y testimonios de testigos protegidos, supervisores de obra, y transcripciones de las comunicaciones de los supuestos cabecillas de esta organización criminal.
En la carpeta fiscal 03062, el jefe de supervisión de la obra del Penal de Socabaya, declaró ante la fiscal Rosmery Mendoza el 31 de enero de 2022 que, “…durante el año 2019, era notorio que los trabajadores no producían, es decir había 800 trabajadores y trabajaban el 40 % y un 60 % no hacía nada...” y “…a los trabajadores que más producían les pegaban, los amedrentaban para bajarles la moral”.
Esa versión fue corroborada por trabajadores de construcción civil y pobladores que la semana pasada salieron a las calles a protestar contra la ola delincuencial y la extorsión que afecta a mercados, tiendas, taxistas, negocios pequeños y grandes empresas.
La referida fiscal muestra en los últimos años un historial de lucha frontal contra la delincuencia y ha presentado acusación formal contra los integrantes de Organización Criminal “Los ladrillos sindicales del sur”, solicitando penas de cárcel de entre 15 y 25 años contra sus cabecillas por delitos de extorsión agravada y organización criminal.
Según la carpeta fiscal 03062 dicha organización criminal está conformada por supuestos sindicalistas de construcción civil de Arequipa. Según la investigación fiscal, esta red criminal cometió en el año 2019, delito de extorsión agravada contra 29 empresas constructoras mediante la extorsión y paralización de obras para cobrar cupos, pagos de salarios a “trabajadores fantasmas” y cuotas sindicales. Dicha banda criminal también extorsionó e intimidó a las autoridades del Ministerio Público, de la policía e incluso a periodistas locales.
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