A nivel nacional son más de 18 mil trabajadores del sector Salud del Ejército peruano, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú (FAP), afectados con la falta de liquidación y disolución del Fondo de Seguro de Cesación, cartera donde ocurren desfalcos y presuntos actos de corrupción en perjuicio de los beneficiados.
Se estimó que con el dinero del personal civil de las Fuerzas Armadas se ejecutan diferentes gastos “ilegales” como la compra de un auto BMW valorizado en más de S/160 mil, la entrega de bonos de productividad por más de S/100 mil, dietas por S/310 mil, préstamos personales de S/360 mil en calidad de incobrables, alquileres, entre otros.
“Nuestros altos mandos tuvieron a bien el desfalco, por una sugerencia del Ministerio de Economía y Finanzas se pide disolver este fondo. Trabajamos desde abril del año pasado en mesas técnicas, entramos en huelga el 25 de diciembre y nuestros reclamos van más de 50 días”, señaló la secretaria de Organización de la Federación de Enfermeros del Perú, Melissa Ygnacio Castañeda.
PERJUICIO. Los reclamos que se retomaron este último lunes 13 en Lima, van dirigidos contra el ministro de Defensa, Walter Astudillo, quien debe gestionar la aprobación del decreto supremo. No obstante, esta cartera dilató el proceso con medidas de cambio de monedas.
“Tienen que aprobar el decreto para acabar con la corrupción que hay en el ministerio, se aprovechan y usan nuestro dinero, aportábamos el 3.5 % de nuestro salario mensual”, señaló.
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