El pasado 4 de diciembre del 2019, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) confirmó la sentencia de 4 años de pena privativa suspendida e inhabilitación de 3 años al cargo público en contra de Luis Gervacio Alemán Abad, exdirector del Instituto de Planeamiento Municipal (IMPLA). Se le acusó de ser cómplice primario en el otorgamiento ilegal de derechos en el cuestionado Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).
Esta pena recayó también al exalcalde provincial, Alfredo Zegarra, así como regidores y funcionarios; todos debieron cumplir su sanción correspondientes. No obstante, el único que pudo evadir este tema fue Alemán Abad, quien sin importarle el fallo judicial continuó laborando como docente principal en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Tuvieron que pasar 4 años para que, en la gestión de la decana Erika Guerra, se le inicie un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAD) derivando los actuados al órgano instructor donde, en fallo por mayoría del Consejo de Facultad, realizado el pasado 5 de diciembre del 2023 (a poco tiempo que prescriba su sanción judicial) deciden suspenderlo del cargo.
Curiosamente poco tiempo después, en marzo del 2024, el Consejo Universitario mediante resolución n.° 0254-2024 decide aceptar su recurso de apelación del sentenciado docente quien argumentó que sí cumplió con su periodo de rehabilitación (4 años) por mandato de Poder Judicial, cuando en verdad nunca dejó de trabajar en la casa superior de estudios.
Esta decisión iría contra la norma, ya que la misma Ley Universitaria en su artículo 95 especifica que todo docente que fue condenado por delito doloso es causal de destitución. Además contraviene lo dispuesto por la misma Oficina Universitaria de Asesoría Legal quien argumenta que, en consulta con Servir, se concluyó que Alemán Abad sí es responsable para el inicio de un PAD y los procedimientos correspondientes. Es decir, el propio Consejo Universitario no tomó en cuenta las recomendaciones previas por el área de Asesoria Legal.
Nos comunicamos con el decano de la Facultad de Arquitectura, Edgar García, quien indicó que este proceso llegó consumado cuando inició sus acciones administrativas en enero del 2024. Es por ello, que el citado arquitecto y exmiembro del IMPLA, desarrolla en la actualidad sus funciones con total normalidad, ya que existe documentación que lo respalda. No obstante, indicó estar dispuesto a facilitar información de encontrarse alguna irregularidad posterior al proceso llevado.
“Yo no estoy en favor de nadie, hay documentos que indican que el docente puede trabajar normalmente. Es un proceso que acabó cuando yo llegué”, indico.
Sostuvo que las gestiones que tuvieron incidencia en este PAD fueron las de Mauricio Huaco y Erika Guerra, quienes habrían sido decanos por encargo a diferencia de su designación por elección estudiantil. Intentamos comunicarnos con el protagonista del hecho, Luis Alemán, pero no respondió a nuestras llamadas.
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