Luego de seis meses de espera hoy se iniciará la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria de ocho años de pena privativa de la libertad por el delito de lavado de activos que le impuso el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) al alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes.
El proceso será revisado por los jueces superiores, Carmen Lajo Lazo, Roger Paro Taboada y Nicolás Iscarra Pongo. Se estima que dure aproximadamente un mes lo que hace presumir que terminaría en la segunda quincena de mayo.
Si la sentencia es ratificada no hay la opción de ir a una casasión, pero si sucede lo contrario se podría realizar una apelación a la Corte Suprema. Este es un proceso similar al que tuvo el exalcalde provincial Omar Candia.
SUSTENTACIÓN
En una rápida revisión de la sentencia n.° 102-2022-JPCSPA del 24 de octubre del 2022 podemos encontrar algunos detalles que muestran el sustento de la acusación que se le hizo a la autoridad municipal.
El Ministerio Público atribuye que Vera Paredes en su condición de alcalde desde el 26 de julio del 2007 al 3 de diciembre del 2013 y del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2018 habría “incrementado su patrimonio injustificadamente, con dinero de origen ilícito que él conocía y que precisamente a la fecha se le viene investigando por el delito de enriquecimiento ilícito, habiendo efectuado 3 actos de conversión para evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso”, dice el documento.
Como parte de la investigación se llevaron a cabo peritajes contables donde se encontró deficit de dinero en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Uno de los datos que fue observado fue que Vera Paredes había consignado como egresos los gatos de viajes internacionales a España, Italia y Brasil; los mismos que habían sido solventados por empresas.
Respecto a la versión del burgomaestre que parte de sus ingresos económicos provenían de la “venta de pekines”, se hicieron varias constataciones e incluso, como parte de las investigaciones, dialogaron con los vecinos y llegaron a la conclusión que en el inmueble donde hizo mención que se criaban estos animales menores no hay signos de ello y más bien sería un terreno vacío y en estado de abandono.
Por todo ello determinaron imponer una pena de 8 años de pena privativa de la libertad con carácter de efectiva, además se dispuso el decomiso del inmueble ubicado en la urbanización la Libertad manzana J lote 6 en Cerro Colorado, así como los S/100 mil que están en calidad de incautación y también el decomiso del automovil Toyota Yaris con placa de rodaje V5K-438.
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