Los familiares de Aracely Luna García, víctima de feminicidio, exigen que se presente un recurso de casación ante el Poder Judicial, luego de que una sala de segunda instancia redujera de cadena perpetua a 35 años de prisión la condena contra el feminicida Yomar Eric Zeballos Huaypuna.

Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores de la sede de la Fiscalía de La Merced, en Arequipa, donde expresaron su rechazo a la decisión judicial y demandaron que se restablezca la máxima pena dictada en primera instancia.

FEMINICIDIO. El caso se remonta al 2 de octubre de 2023, cuando Aracely Luna García, una joven enfermera de 26 años, fue asesinada en el interior de su vivienda, ubicada en el distrito de Paucarpata.

Según la investigación fiscal, la joven fue atacada con 14 puñaladas por su expareja, Yomar Eric Zeballos, quien había ingresado al inmueble tras insistir en retomar la relación.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas biológicas, criminalísticas y pericias informáticas que evidenciaron la premeditación del crimen, incluyendo búsquedas en internet sobre cómo embarazar a su víctima, causar heridas mortales y provocar una muerte dolorosa con cortes a la yugular.

El 26 de septiembre de 2025, el Poder Judicial condenó al sujeto a cadena perpetua por el delito de feminicidio agravado y ordenó el pago de una reparación civil superior al medio millón de soles a favor de los deudos.

Sin embargo, después una Sala Penal de Apelaciones revocó esa decisión y redujo la pena a 35 años de prisión, resolución que motivó la protesta de la familia.

Durante la movilización, la madre de Aracely pidió al Ministerio Público que interponga el recurso de casación para que la Corte Suprema revise el fallo.

"Nosotros estamos muertos en vida, mis papás, mis hermanos, los vecinos. Todos los que la conocían. Mi esposo, mi familia. Lo que pido es la casación para que no vuelva a matar cuando salga", declaró entre lágrimas.

Además, indicó que, junto con su abogado, solicitó formalmente a la Fiscalía que impugne la sentencia y que la respuesta recibida fue que el caso será evaluado.

Los familiares sostienen que la reducción de la condena vulnera el derecho a la justicia de la víctima y cuestionan que uno de los magistrados haya considerado que el sentenciado podría rectificarse y cambiar con el tiempo.

Por ello, anunciaron que continuarán realizando acciones públicas hasta que el Ministerio Público decida si presenta el recurso de casación, mecanismo que permitiría a la Corte Suprema revisar la sentencia de segunda instancia.