El titular de la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Arequipa, Luis Villegas Estremadoyro, indicó que en nuestra región existen cerca de 500 casos activos de investigación de bienes y activos con vinculación ilícita. A esto se suma que desde el 2019, alrededor de 200 carpetas pasaron al archivo a la espera de nuevos elementos de convicción.
Los delitos relacionados a la extinción de dominio se encuentran estipulados en el Código Penal y estarían inmersos en contrabando, minería ilegal, tráfico de productos forestales, hurto agravado, etc. Arequipa es la cuarta región en el Perú con sentencias fundadas para el decomiso de bienes sumando una valorización total de S/19.9 millones.
“Son proceso largos, en Arequipa tenemos tres fiscales a cargo de extinción de dominio y según nuestro modelo procesal tenemos cobertura de al menos 50 investigaciones, registrando una significativa carga de 500 carpetas. Igual realizamos un trabajo silencioso para la recuperación de estos bienes que participaron en actividades ilícitas”, detalló.
RECHAZAN MODIFICACIONES. Como se sabe, el Congreso evalúa una modificación de la Ley de Extinción de Dominio, hecho que pondría en riesgo más de 5500 casos, entre ellos los de figuras políticas y empresariales de alto perfil como Vladimir Cerrón, Rodolfo Orellana, Alejandro Toledo y Martín Vizcarra.
“Entre los cambios que proponen es excluir delitos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado; así como establecer un plazo de prescripción de solo 5 años exigiendo una condena firme y consentida. Muchas personas ligadas a la corrupción podrían quedar libres, también se afectaría el desarrollo económico del Perú. Hay bancadas como Fuerza Popular que lo impulsan”, explicó el fiscal.
Uno de los casos destacados es el de Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín y líder político, quien enfrenta investigaciones por presuntos actos de corrupción y lavado de activos. Según detalló el Ministerio Público, se incautaron más de S/1.5 millones en cuentas bancarias vinculadas a Cerrón. Estos fondos, presuntamente obtenidos de manera ilícita, quedarían fuera del alcance del Estado si las modificaciones a la ley de extinción de dominio entran en vigor.
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