El 15 de octubre de 2024, la Procuraduría General del Estado (PGE) cesó del cargo a Rosa Vallejos Beltrán, quien se desempeñaba como procuradora pública del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). No obstante, al entidad liderada por el gobernador Rohel Sánchez Sánchez, omitió esta resolución y la mantiene de forma irregular dentro de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.
Según el portal de Transparencia, a enero del 2025, Vallejos Beltrán sigue cobrando como procuradora (S/8807) en sus remuneraciones e incentivos, beneficio que ya no le corresponde al tener sentencia en segunda instancia confirmada en enero del 2024 por el delito de cohecho pasivo en su investigación por un caso de “coimas” en perjuicio del Estado.
Como se sabe, la última opinión del Tribunal Constitucional refiere a que ya no es posible la figura de “suspensión provisional” ante la ejecución de una pena confirmada en segunda instancia, beneficio que solo lo tienen los sentenciados en primera instancia para permanecer en sus funciones. Es decir, la exprocuradora no debería estar laborando en el GRA.
¿QUÉ HACE? Nos comunicamos con quien sería su jefe directo, el gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, José Isuiza Prado, a fin de conocer la labor que realiza Rosa Vallejos dentro de la cartera y la presunta irregularidad en su permanencia en una planilla que no le corresponde.
Explicó que la exfuncionaria sería una trabajadora nombrada desplazada a la GRDIS y correspondería al área de Recursos Humanos responder por el manejo de su planilla. Agregó que su trabajo es la opinión legal y gestión de mesas concertadas de la anemia, así como el acervo documentario.
“Si no me equivoco es una funcionaria F-5, me comentó de su caso cuando asumí la gerencia, me habló de sus problemas legales, pero no me refirió este tema de su sentencia en segunda instancia. Nosotros seguiremos la norma, (ante una destitución), si así lo estipula, vamos entonces”, acotó.
El funcionario indicó que en el diálogo que tuvo con Vallejos Beltrán, la citada le mencionó que tenía procesos judiciales activos, evitando mencionar su sentencia ratificada por el caso de cohecho pasivo y patrocinio ilegal, al presuntamente recibir una dádiva para favorecer a la empresa Giant SAC, responsable de la variante de Uchumayo.
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