Más de 60 ganaderos, carniceros y abastecedores de Camaná responsabilizaron a la Municipalidad Provincial de Camaná por mantener cerrado el camal municipal durante casi tres años. La medida los obliga a depender de un único camal privado para beneficiar sus animales y comercializar carne.

A través de un pronunciamiento dirigido al alcalde Jaime Mamani Álvarez, la Asociación de Criadores de Ganado de Abasto y Ventas de Productos Cárnicos de Nuestra Villa Hermosa exigió la reactivación inmediata del camal municipal. Advirtieron que el monopolio del servicio encarece los costos y perjudica a pequeños productores.

En el documento, los ganaderos denuncian que el único camal privado les impone condiciones y precios sin posibilidad de elegir otro establecimiento. Incluso aseguran que han sufrido represalias y amenazas de impedir el ingreso de su ganado cuando cuestionan estas prácticas ante las autoridades.

“Es un monopolio, no hay competencia, necesitamos se reaperture el camal municipal, nos suben precios y condicionan en el camal privado. La población es perjudicada, cuando no suben costos nosotros también tenemos que subir el precio de la carne. Está en manos del alcalde dar la autorización”, señaló un vendedor de carne de cerdo afectado, Wilmer Quispe.

PROBLEMA. La empresa concesionaria de este camal municipal Servicios e Inversiones Totales sostiene que la comuna le niega la licencia de funcionamiento e ITSE debido a un proceso judicial sobre la concesión, pero al mismo tiempo clausura el camal por no contar con esa autorización, generando un “círculo vicioso” que mantiene paralizado el servicio.

La concesionaria arrastra hasta tres procesos legales vinculados a presuntos abusos de autoridad, clausuras consideradas arbitrarias, conflictos laborales por el cierre del establecimiento y una medida cautelar, mientras el camal continúa sin operar y decenas de trabajadores y productores siguen siendo afectados.

Según la empresa, existirían incumplimientos de la municipalidad al contrato de concesión celebrado en el 2012. Según la empresa, la comuna nunca ejecutó compromisos como el saneamiento físico legal del predio, la instalación de redes de agua y desagüe ni la implementación del puesto regulador de carnes. 

Además, pese a que en 2014 el concejo aprobó una liquidación técnica financiera por S/166 925 y la devolución de S/40 000, la concesionaria sostiene que hasta la fecha esos montos no habrían sido cancelados, lo que profundizó la controversia judicial entre ambas partes.