El director de la Oficina Regional Sur del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Joel Quezada Márquez, indicó que durante este 2025 se identificó una sobrepoblación carcelaria del 142 % en los 69 penales que hay en el Perú, los cuales albergan un total de 100 950 presidiarios.
Detalló que el hacinamiento en cárceles aumentó en los últimos 16 años, ya que en el 2007 la logística alcanzaba para alberga a un máximo de 23 mil personas, registro que subió a 41 mil durante este año. No obstante, la realidad supera este indicador ampliamente.
“La problemática penitenciaria es la madre de la crisis que viven los penales. Este problema vulnera la seguridad y tratamiento penitenciario. Un médico para 2 mil internos, un abogado para 800 internos o un técnico para la misma cantidad, no da seguridad ni atención completa a la salud”, indicó.
NO APRENDEN. El titular del INPE Arequipa sostuvo que según indicadores nacionales, el 25 % de los encarcelados (24 521) que salen en libertad tras cumplir su sentencia, vuelven a cometer delitos y reingresan al centro penitenciario en más de dos oportunidades. Lo curioso es que 330 personas en el Perú tienen reincidencia en más de 8 oportunidades.
Explicó que en los diferentes establecimientos se tiene a 89 068 peruanos detenidos y 3622 personas extranjeras, entre ellos venezolanos, colombianos, entre otros. El 95 % son varones y solo el 5 % son mujeres. En la actualidad el INPE cuenta con un personal entre CAS y nombrados de 10 522 personas.
“No es para justificar, pero en un trabajo estadístico que tuvimos con la Defensoría del Pueblo se observó que el 46 % de retenidos, vivieron en lugares donde había pandillas. El 90 % tuvieron empleos precarios antes de ser internados y el 48 % fueron víctimas de maltrato cuando eran niños”, acotó.
SITUACIÓN DE AREQUIPA. Quezada Marquez indicó que este año podría retomarse el proyecto de ampliación del penal de Socabaya (Arequipa) con una capacidad de albergar a más de 900 personas adicionales a las 2300 que hay en la actualidad.
A la obra le queda un saldo por ejecutar de S/78 millones. Lo resaltante es que debido a la paralización de los trabajos, diversos materiales de construcción caducaron, generando un perjuicio superior a los S/5 millones.
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