Un colectivo de abogados autoconvocados presentaron ayer una demanda de amparo ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA). Exigen el retorno del proyecto Majes Siguas II que fue transferido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por aprobación del Consejo Regional de Arequipa (CRA). Indican que este acto vulnera el estado de derecho y el orden constitucional.
El vocero Walter Paz Valderrama indicó que los demandados son todas las personas y funcionarios públicos que estuvieron inmersos en esta aprobación de traspaso. Entre ellos, resalta el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez; el gerente de Autodema, Duberly Otazú; el titular del Midagri, Ángel Manero y 8 consejeros.
“Hay actos ejecutados que violan el debido proceso, como por ejemplo, la reunión que realizó Rohel Sánchez con Ángel Manero el 26 de julio en Palacio de Gobierno donde se hacía un acto simbólico que tenía una firma de convenio como documento público. Me surge la duda cómo hicieron esta firma si recién el 31 julio salió publicada la ordenanza que aprobaba la transferencia”, señaló.
El abogado dijo que con este hecho se vulneraron 3 derechos constitucionales y que el juez competente evaluará si procede la denuncia, así como la revelación de los delitos que estarán involucrados nuestras autoridades. Lamentó que en la última sesión previa a la votación, los consejeros hicieron caso omiso a su exposición de potenciales perjuicios si el proyecto pasaba al Ejecutivo.
RECLAMOS. Un grupo de pobladores del frente de defensa de los pueblos de Siguas, Quilca y Lluta llegaron ayer hasta los exteriores del Consejo Regional de Arequipa en un plantón de protesta exigiendo a las autoridades lesgilativas y ejecutivas del GRA cumplan con los compromisos en favor de las áreas involucradas con afectación de Majes I y la construcción de las hidroeléctricas.