A inicios de año, la carga procesal en toda la región Arequipa era de 380 mil procesos judiciales y el personal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) logró disminuir esta carga en 270 mil. Dato que reveló el presidente de la CSJA, César Augusto de la Cuba Chirinos, en la ceremonia desarrollada el último 24 de julio por el 199.° aniversario de instalación de dicha corte en la ciudad de Arequipa.
“Hemos avanzado, pero la población tiene la sensación que estamos demorando y no avanzamos mucho”, expresó De la Cuba, quien incidió que se necesita mayor presupuesto para reducir la carga procesal.
Actualmente, la Corte cuenta con 142 millones de soles de presupuesto que es utilizado para gastos rígidos (planilla del personal) y no para invertir en proyectos.
En la Corte Superior de Justicia laboran 200 magistrados y 1700 trabajadores. El magistrado señaló que en el último balance, el personal judicial hizo el pedido de contratar más de 160 trabajadores para nivelarlos.
Ante ello, el presidente de la Corte Superior de Justicia, junto con sus empleados, está a la espera que el Ministerio de Economía financie la nueva planilla, pero siendo julio es posible que el pedido sea resuelto para el 2025, porque no hay respuesta.
Para reducir la carga, en principio tuvieron un sinceramiento del inventario de la carga procesal del año 2023 con el módulo de ejecución y los órganos de familia y la creación de 19 órganos jurisdiccionales, acotó César de la Cuba Chirinos.
Flagrancia. La Unidad de Flagrancia Delictiva que fue inaugurada en mayo del año en curso recién recibió el presupuesto que no le dieron cuando inició. El Ministerio de Economía y Finanzas envió presupuesto para el Poder Judicial que es superior a S/8 millones para la implementación de dicha unidad. Al respecto, el presidente de la Corte Superior de Justicia calculó que en un mes y medio contará con la infraestructura necesaria de la unidad de flagrancia.
POLÍTICA. El juez superior Fernán Fernández deploró que el Poder Judicial siempre haya estado sometido a vaivenes de la política y de reformas de gabinete que no hacen más que afectar la capacidad operativa y de respuesta en desmedro de su imagen; exigiendo además la creación del consejo de la judicatura que represente un verdadero gobierno autónomo e independiente de jueces.