Profesores cesantes y jubilados de Arequipa, representados por Asociación de Cesantes y Jubilados de Educación de Arequipa (Areca) y otros dos gremios, lograron que la comisión de Planeamiento y Presupuesto del Consejo Regional de Arequipa (CRA) apruebe la solicitud para declarar de interés público regional el pago de la deuda social.
El dictamen impulsado por la consejera Roxana Llamocca Huayhua exige a la Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional de Arequipa dar estricto cumplimiento al artículo 73 del Decreto Legislativo n.° 1440. Dicha norma faculta la afectación de hasta un 5 % del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para amortizar sentencias judiciales.
Esta decisión surge tras las precisiones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante el oficio n.° 1255-2026-EF/50 aclara que la totalidad de recursos para el ejercicio 2026 fue distribuida y exhorta a las entidades a financiar demandas de sentencias judiciales mediante sus propios presupuestos institucionales.
PRESUPUESTO. El crédito suplementario aprobado por el Ejecutivo para el sector educación contempla una partida global de S/85 millones destinada al pago de sentencias judiciales de la deuda social a nivel nacional. Cifra que sería insuficiente debido a que cada año se recibía cerca de S/200 millones.
Este monto solo alcanzaría en Arequipa para los docentes con sentencias en calidad de enfermedad terminal y discapacidad severa, ya que los maestros activos no estarían dentro de la lista de priorización debido al bajo monto destino para un rango de 14 000 mil beneficiarios.
