Escribe: Carlos Torres Enríquez

El 28 de Julio de 1962, un General en retiro, golpista y ex Presidente de la República, debía juramentar como el Presidente del Perú y recibir las riendas de la nación de manos del presidente saliente, el Ing. Manuel Prado Ugarteche.

Manuel Arturo Odría Amoretti se preparaba para ser nuevamente Jefe de Estado para el período 1962-1968 al frente de la Unión Nacional Odriista, gracias a un acuerdo alcanzado con el Partido Aprista Peruano, tras las elecciones cumplidas el 10 de Junio de ese año.

Pero fue otro General del Ejército, éste en actividad y presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, Ricardo Pérez Godoy quien llegó al poder gracias al Golpe de Estado que materializó el 18 de Julio junto el Comandante General del Ejército, General de División EP Nicolás Lindley López, el Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, Vicealmirante AP Juan Francisco Torres Matos y el Comandante General de la Fuerza Aérea Peruana, Mayor General FAP Pedro Vargas Prada.

En 1962 debía terminar el mandato del Ing. Manuel Prado Ugarteche tras un gobierno llamado de la “convivencia” que se inició en 1956 y para ello convocó a elecciones generales el 10 de Junio. Estaban habilitados para votar un total de 2 millones 222 mil 926 ciudadanos. No sería un proceso tranquilo

Al final, lograron su inscripción 7 participantes: El Partido Aprista Peruano con Víctor Raúl Haya de la Torre (67 años) para la presidencia, Acción Popular con el Arq. Fernando Belaunde Terry (49 años); la Unión Nacional Odriista con Manuel A. Odría (66 años); el Partido Demócrata Cristiano con el Dr. Héctor Cornejo Chávez (44 años); el Frente de Liberación Nacional con César Pando Egúsquiza (58 años); el Partido Socialista del Perú con Luciano Castillo Coloma y el Movimiento Social Progresista con Alberto Ruiz Eldredge (45 años).

Un actor adicional, pero sin candidato, se sumó al proceso electoral. La Fuerza Armada. Ya desde semanas antes al día de las elecciones, los comandantes militares comenzaron una tarea mediática para denunciar una “patente voluntad de fraude” elaborada supuestamente por el gobernante Movimiento Democrático Peruano del Presidente Prado con su aliado político el Partido Aprista Peruano, para que, éste último alcanzara la victoria electoral.

En un ambiente enrarecido por la denuncia de los militares, los candidatos desplegaron una intensa campaña electoral nacional en busca de los votos que les permitiera llegar a la primera magistratura del país y, a la vez obtener el mayor número de curules en el Congreso. Una mayoría era crucial en estas elecciones, ya que la norma electoral determinaba que, si ningún candidato obtenía más del 33% de los votos, la elección del presidente de la república estaría a cargo del Congreso.

La ciudadanía asistió entre ansiosa, preocupada y animosa a un proceso en el que proliferaban promesas, de un futuro mejor para el país, que lanzaban por calles y plazas los candidatos y sus equipos políticos. El escenario contó, además, con la intensa e interesada participación de los dos diarios nacionales más influyentes de la época: El Comercio de obstinado repudio al APRA se decantó por Belaunde mientras que La Prensa, que podía considerarse cercana a la gestión gubernamental, se inclinaba moderadamente por el candidato aprista Haya de la Torre.

El 10 de Junio el país vivió nuevamente, como en 1956, una fiesta electoral. Con enorme responsabilidad los electores se volcaron a las mesas para brindar su apoyo a la fórmula que se había ganado su favor. Pronto, el país asistiría a un drama por la serie de acontecimientos que fueron apareciendo con el transcurrir de los días. Porque nada más terminar el día de las elecciones, las noticias no podían ser más alarmantes y ponían en duda la transparencia del proceso electoral. 

Con inusitada persistencia, la Fuerza Armada repitió reiteradamente que existan indiscutibles vicios en el proceso y con el conocimiento extraoficial de los primeros resultados con el Partido Aprista a la cabeza, con grandes posibilidades de alcanzar el mínimo requerido para que Haya de la Torre sea el nuevo presidente, es Acción Popular quien se suma a las denuncias de “fraude” acompañado del diario El Comercio, que difunde ampliamente las acusaciones de fraude proveniente del interior del país.

A fines de Junio, no se conocen los escrutinios oficiales del ámbito nacional por una tardanza del Jurado Nacional de Elecciones lo que contribuye a enrarecer la legitimidad de los resultados y, en el vacío existente, la Fuerza Armada envía al Jurado una comunicación que dice que los Comandantes Generales de diversas regiones militares han dado cuenta de graves irregularidades en el proceso electoral y señala puntualmente en los departamentos de Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, La Libertad, Huánuco, Pasco y San Martin, es decir en todo el “sólido norte” a favor del Partido Aprista Peruano.

Ya en Julio la situación, para preocupación de la ciudadanía, es cada vez más confusa y genera desconcierto ciudadano. Así, mientras la credibilidad en el Jurado va cayendo ostensiblemente en el sentir de la población, la posición de la Fuerza Armada obtiene respaldos institucionales que promueve con entusiasmo El Comercio.

Un mes después de las elecciones, todavía no se conocen los resultados oficiales nacionales y ello alienta al candidato de Acción Popular, Arq. Fernando Belaunde Terry, que se considera el ganador, a asumir con altos puntos de histrionismo el liderazgo de las denuncias del “fraude electoral”, compartiendo con la Fuerza Armada el cuestionamiento de todo el proceso electoral. Como parte de su estrategia, Belaunde decide convertir a Arequipa en el bastión de su protesta y se traslada a la Ciudad Blanca desde donde se acuartela políticamente en contra del Jurado Nacional de Elecciones.

En esos dramáticos días, la Fuerza Armada decide dar un paso decisivo y declara públicamente la existencia del “fraude electoral”, presenta lo que considera las pruebas de tal maniobra y declara que “las graves irregularidades que han podido ser constatadas por la Fuerza Armada no solo constituyen un índice revelador de la manera fraudulenta como se ha desarrollado el proceso, cuyo resultado no verídico ha deformado la fiel expresión de la voluntad ciudadana”. Es el día 13 de Julio y todavía sigue en suspenso el resultado final de las elecciones. En Arequipa, bajo el liderazgo de Belaunde se levantan las “barricadas” de adoquines de piedra en las inmediaciones del local partidario de Acción Popular en la calle La Merced a menos de 100 metros de la Plaza de Armas.

Entre tanto y con los escrutinios terminados en la mayoría de los departamentos, se conoce el nombre de los nuevos diputados y senadores que representan a esas jurisdicciones, lo que permite que se convoque al acto de instalación de las dos cámaras, diputados y senadores, que constituyen el Congreso de la República.

Pero ya en Lima y las principales ciudades del país comienza a correr el rumor que el golpe militar está en marcha.

Víctor Raúl Haya de la Torre entiende que la actitud de la Fuerza Armada tiene como único objetivo impedir que él asuma la presidencia de la república y decide dialogar con Acción Popular y la Unión Nacional Odriista para promover un acuerdo de Unidad Nacional que impida la alteración del orden democrático. Los populistas presentan una extensa propuesta que no acepta el APRA mientras que desde el odriismo deciden esperar hasta que concluya la tarea del Jurado de Elecciones.

De lo que se conoce de los resultados oficiales en los departamentos donde han finalizado los escrutinios, y la proyección de lo que pasaría en los departamentos con problemas, ninguno de los tres principales candidatos tiene posibilidad de alcanzar el 33% exigido por la Constitución para ser proclamado Presidente, por lo tanto, estará en los votos de diputados y senadores la designación de la máxima magistratura de la Nación.

Cuando falta poco más que una semana para que el Congreso sesione oficialmente y designe al nuevo Presidente, Haya de la Torre informa a sus militantes que, en una reunión privada, el Presidente Manuel Prado le ha informado que subsiste el “veto” de la Fuerza Armada contra el Partido y contra él, por lo tanto, debe renunciar definitivamente a la posibilidad de alcanzar la Jefatura del Estado. Entonces, se decide que los congresistas electos del APRA, deberán votar a favor del que fuera su gran enemigo, Manuel A. Odría para la Presidencia de la República.

Pero ya es muy tarde. El 17 de Julio renuncia el Gabinete Ministerial presidido por Carlos Moreyra y Paz Soldán, poco después que el Ministro de Marina Vicealmirante AP Guillermo Tirado dimitiera con una contundente misiva al Primer Mandatario en la que afirma “ha encontrado en la Fuerza Armada (a la que pertenece) está resuelta a cumplir su deber, no con una mera declaración que la ponga a salvo de la sanción histórica, sino con una acción que tienda a asegurar realmente, los derechos de la República…la proporción de las irregularidades descubiertas en las investigaciones realizadas, hace fundadamente suponer la magnitud de los vicios insalvables…se avecina un momento grave para la vida y porvenir de nuestra Patria, que lejos de conjurarlo lo agravaría con mi presencia en el Gabinete contribuyendo a consumarlo si asistiera impasible a que el nuevo Gobierno se asentase sobre el fraude y la ilegalidad…  ”. Estas líneas demuestran que ya hay una decisión al interior de las instituciones militares.

El martes 17 de Julio la Fuerza Armada lanza un ultimátum. De forma oficial se dirige públicamente al Jurado Nacional de Elecciones para “solicitarle la anulación, en todos sus efectos, del Proceso Electoral del presente año” y añade que “el Jurado conoce perfectamente la magnitud del fraude que invalida estos Comicios, porque así lo tienen probado el Poder Judicial y la fuerza Armada, quienes advirtieron y demostraron múltiples irregularidades atentatorias de la soberanía popular”. Mientras tanto, el Presidente Prado en acto desesperado rechaza la renuncia del Gabinete Ministerial para intentar demostrar que hay las condiciones para que el Congreso se instale y cumpla con la Constitución, designando al nuevo Presidente de la República.

18 DE JULIO: En la madrugada del 18 de Julio se produce el Golpe de Estado que depone a Manuel Prado Ugarteche a solamente una semana de terminar su mandato.

Se inicia a las 3.20 de la madrugada cuando unos 30 tanques del Ejército rodean la Plaza de Armas y Palacio de Gobierno. Una de estas unidades derriba la reja principal de la casa de Gobierno y por allí ingresa el grupo de ocupación de Palacio que se encuentra bajo el mando del Coronel EP Gonzalo Briceño Zevallos.

En el Patio de Honor de Palacio, el Coronel Briceño se identifica como Delegado del Comando Conjunto “para hablar con el Presidente de la República”. Es recibido por el Jefe de la Casa Militar, General EP Ciriani con quien se dirige al interior de Palacio hasta el despacho del Jefe de Estado, quien, según el propio Coronel Zevallos está “rodeado de familiares, amigos y otras personas, entre ellos el señor Pedro Beltrán E.”. El Jefe del Comando le dice al Presidente Manuel Prado “tengo orden del Comando Conjunto de la Fuerza Armada para que se sirva usted acompañarme”.

Después de unos momentos de tensión y de la entonación del Himno Nacional por los civiles presentes, “el Presidente se pone su sobretodo y bufanda, manda pedir sus maletas” mientras que el Coronel Zevallos les indica a los testigos que “el doctor Prado será tratado con la cortesía y consideración a su elevada investidura”. El depuesto Jefe de Estado es conducido al Callao e instalado el camarote presidencial del BAP “Callao” anclado frente a la Isla de San Lorenzo.

Al promediar la mañana se conoce el Comunicado N° 1 del Comando Conjunto de la Fuerza Armada que dice “agotadas las gestiones destinadas a obtener la anulación del proceso electoral por las probadas irregularidades de los Comicios, la Fuerza Armada se ha visto precisada a deponer al Presidente de la República, Don Manuel Prado Ugarteche, asumiendo el Gobierno de la Nación” y a continuación, en el Comunicado Oficial N° 2 confirma que “ha quedado constituida una Junta de Gobierno presidida por el Comando Conjunto de la Fuerza Armada…”.

JURAMENTA LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO: Poco después de las 12.00 horas, en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno se lleva a cabo la ceremonia de Juramentación de la Junta Militar de Gobierno que integran el General de División EP Ricardo Pérez Godoy, el General de División EP Nicolás Lindley López, el Vicealmirante AP Juan Francisco Torres Matos y el Mayor General FAP Pedro Vargas Prada. Perez Godoy también se hacer cargo del Ministerio de Hacienda en tanto que los otros tres oficiales asumen las carteras de Guerra, Aeronáutica y Marina, respectivamente.

Entre las primeras medidas que adopta el nuevo Gobierno está el cierre total del Congreso de la República y la suspensión de las Garantías Constitucionales en todo el país. Pero también anuncia nuevas elecciones generales para el domingo 09 de Junio de 1963, es decir que adelanta la Junta Militar que solamente permanecerá en el poder por un lapso de 12 meses.

Desde las filas de Acción Popular se pronuncian a favor de la convocatoria a elecciones para dentro de un año mientras que, desde Arequipa, el candidato Belaunde Terry dice que “que la actitud de la Fuerza Armada pone en evidencia que en nuestra Patria no volverá a producirse ninguna maniobra dolosa en un proceso electoral”. No se menciona la palabra “golpe de estado”. Por parte Haya de la Torre y de Manuel Odría no hay pronunciamiento público.

En mensaje a la nación pronunciado en la noche del 18 de Julio, el líder del alzamiento General EP Ricardo Pérez Godoy dice al pueblo peruano que “el fraude electoral acaba de poner fin a toda esperanza de libre renovación democrática. Como consecuencia, el Perú se halla al borde de una lucha fratricida, ajena a toda competición política, que es preciso evitar porque el odio y la ambición no ha de esperarse la felicidad de la Patria…pese al clamor ciudadano y a la serena y constructiva actuación de la Fuerza Armada …un grupo de políticos, para quienes los intereses nacionales están supeditados a los del círculo o partido, ha ejecutado con premeditada y desafiante continuidad delictiva, este gran fraude electoral…el pueblo ha sido, pues, burdamente engañado…”

“…los componentes de la Junta de Gobierno formulamos como primera y enfática declaración nuestra renuncia a toda ambición política presente o futura; y la concreta e inflexible determinación de no permanecer en el gobierno sino el tiempo indispensable para la realización de nuevas Elecciones que efectuaremos lo antes posible a fin de entregar el poder al 28 de Julio del año entrante…aguardan sin duda días difíciles pero sabemos que de nuestra fraterna comunidad cívico-militar de estos momentos, única y incomparable en la historia peruana saldrá un gobierno civil legítimo, libremente elegido por la ciudadanía…Este es nuestro compromiso y lo sabremos cumplir al precio de cualquier sacrificio…”.

Así se consumó un nuevo golpe de estado en la historia de la era republicana del Perú.