A una semana de haberse revelado públicamente la disputa por el control de dos templos museo en Juli, Puno —conocida como la ‘Roma de América’ por su riqueza religiosa y patrimonial— el obispo de la Prelatura de Juli, monseñor Ciro Quispe, ha enviado cartas notariales al Ministerio de Cultura exigiendo la entrega inmediata de los recintos religiosos.
La acción del obispo ocurre en un contexto de tensión creciente, luego de que un reportaje del programa Punto Final expusiera el conflicto entre la Iglesia y la comunidad aimara de Juli por la administración de los templos.
A pesar de los documentos oficiales presentados —entre ellos cartas firmadas en 2011 por Fredy Hinojosa, actual jefe del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte—, monseñor Quispe ha negado públicamente que se trate de una disputa con la comunidad local.
“El Estado reconoce que todos los templos coloniales son propiedad y administración de la Iglesia”, afirmó Quispe en declaraciones a Infobae Perú, señalando además que los templos “son para rezar, no museos”. Según el obispo, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Puno ha retrasado por más de un año la firma de un convenio de colaboración interinstitucional, lo cual estaría frenando la entrega formal de los templos a la Iglesia.
Pese a que el Ministerio de Cultura habría dado luz verde a la transferencia de estos espacios, se exige como paso previo la firma de dicho acuerdo entre ambas partes, condición que Quispe considera innecesaria y que —según él— solo está generando mayor conflictividad social en la zona.
El obispo, quien ha sido cuestionado anteriormente por denuncias de mala conducta y presunto desvío de fondos eclesiásticos, también criticó al periodista Rodrigo Cruz, autor del reportaje, acusándolo de “utilizar” a la comunidad aimara para generar enfrentamiento con la Iglesia.
Por ahora, el proceso de transferencia sigue entrampado, mientras la tensión entre la comunidad local, el Ministerio de Cultura y la Iglesia continúa latente. Quispe insiste en que no se trata de una disputa, sino de un “diálogo pendiente” con el Estado. Sin embargo, las cartas notariales enviadas desde la Prelatura de Juli marcan un nuevo capítulo en este conflicto por el control del patrimonio religioso puneño.
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