La Reserva Indígena Yavarí Mirim, ubicada en la frontera Perú-Brasil, está atravesando el momento más crítico de su existencia debido a la suspensión de la Comisión Multisectorial encargada de definir su protección.
Según información a la que accedió Infobae Perú, esta demora arriesga la integridad del territorio y la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento que habitan la zona, como los Remo (Isconahua), Marubo y Matsés, entre otros.
La falta de acción por parte del Ministerio de Cultura y la oposición de otros sectores del Estado han generado un escenario de incertidumbre que podría facilitar la invasión de actividades ilegales en el área.
De acuerdo con la Ley 28736, conocida como la Ley para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), la creación de una reserva indígena requiere un proceso en varias etapas.
Este comienza con una solicitud formal, que puede ser presentada por organizaciones indígenas, comunidades nativas o incluso por el propio Ministerio de Cultura. En el caso de Yavarí Mirim, la solicitud fue presentada en 2003 por la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), marcando el inicio de un largo camino burocrático que, hasta la fecha, no ha concluido.
Si usted se siente invisible para el Estado peruano, imagínese si fuera no contactado. El procedimiento para establecer Yavarí Mirim ha estado plagado de retrasos. Tras la presentación de la solicitud, el Ministerio de Cultura emitió en 2018 el Decreto Supremo N.º 002-2018-MC, que reconoció oficialmente la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento en la zona. Sin embargo, el siguiente paso, que consiste en la elaboración de un estudio adicional de categorización para definir el área exacta de la reserva, se ha extendido mucho más allá de los plazos legales. Pasó de seis meses a seis años.
El estudio adicional de categorización es crucial, ya que delimita el polígono que será declarado como territorio intangible. Este estatus busca garantizar que los pueblos indígenas puedan vivir en aislamiento, libres de amenazas externas como el narcotráfico, la tala ilegal y las actividades extractivas de hidrocarburos. Sin embargo, la falta de avances en la Comisión Multisectorial, compuesta por 13 sectores del Estado, ha dejado a la reserva en un limbo administrativo.
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