El 13 de octubre marcó el límite para que las autoridades renuncien si aspiran a competir en las elecciones generales del 2026. Entre los nombres más resonantes estuvieron César Acuña, exgobernador regional de La Libertad, y Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima Metropolitana. Ambos dejan gestiones cuestionadas por el deterioro económico y la preocupación fiscal en sus respectivas jurisdicciones.
En el norte, La Libertad ha sido escenario de violencia e inseguridad vinculada a la minería ilegal. Según el Consejo Privado de Competitividad (CPP), entre 2021 y 2024, las pérdidas por delincuencia alcanzaron los S/493 millones, solo superadas por Lima y Callao. El segundo trimestre registró una contracción del 1.5 % en la actividad productiva, arrastrada por la caída de la pesca (-77.7%), minería e hidrocarburos (-19.7 %), manufactura (-3.8 %) y telecomunicaciones (-1.9 %).
El panorama de inversión tampoco es alentador. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), la inversión pública cayó 27.1 % en julio, acumulando un retroceso de 1.6 % en siete meses. Según el MEF, La Libertad tiene un PIM de más de S/857 millones, pero solo ha ejecutado el 57.1 % hasta el 17 de octubre. Sectores claves como ambiente y turismo presentan niveles por debajo del promedio nacional, con apenas 21.7 % y 28 % de ejecución.
Lima, en tanto, exhibe un avance de 73.5 % en ejecución presupuestal, aunque la preocupación radica en su manejo financiero. En junio, el Consejo Fiscal advirtió que “ha concertado niveles de endeudamiento excesivos, dada su capacidad de generación de ingresos propios”. El organismo precisó que “como consecuencia de las operaciones de endeudamiento efectuadas por la actual administración municipal, el saldo de deuda total de la MML se incrementó a S/3454 millones al cierre de 2024; y, con la reciente tercera emisión de bonos por S/1300 millones, se habría incrementado a aproximadamente S/4754 millones”.
Para los expertos, los cambios de gestión no deberían frenar la inversión, aunque persisten debilidades estructurales. El exviceministro de Economía Carlos Casas advirtió que la baja ejecución responde a “la falta de servicio civil y la alta rotación de funcionarios”. En la misma línea, Víctor Fuentes, del Instituto Peruano de Economía, sostuvo que “es necesario que se respeten las normas y criterios, y que no se incumplan los contratos”. Ambos coinciden en que el problema no radica en la política, sino en la gestión.
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