La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PERUCÁMARAS), demandó que los gobiernos regionales y municipales tanto provinciales como distritales, que garanticen la estabilidad jurídica y confianza que necesita la inversión privada para desarrollarse, sobre todo si se tiene en cuenta que –de acuerdo al Banco Central de Reserva-, esta caería en 7,3 % al cierre del año.
El gremio empresarial consideró imprescindible que las autoridades sub nacionales recuerden que no se puede cuestionar sin argumentos sólidos y legales a la iniciativa privada, pues ella representa el 80 % de la inversión total del país y proporciona empleo al 72 % de los 5,9 millones de trabajadores formales que existe en el Perú.
A través de un pronunciamiento, PERUCÁMARAS manifestó que el país demanda cuanto antes la reactivación económica para enfrentar los graves problemas de desempleo, pobreza extrema y falta de servicios que afectan a grandes sectores de la población, por lo que los presidentes regionales y los alcaldes deben ser parte de la solución y no un factor que lejos de resolver los problemas genere mayores dificultades.
“SI bien el gobierno central tiene una tarea titánica para que la economía peruana deje la recesión y retome su rumbo de crecimiento, también dicha responsabilidad recae en los alcaldes y gobernadores regionales. Según ProInversión, existe en las regiones una cartera de 130 proyectos de infraestructura para ejecutarse mediante asociaciones público-privadas, que representan alrededor de S/88 000 millones ($23 800 millones)”, subrayó.
Agregó que un análisis del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima ha señalado que en las regiones existen 169 proyectos minero-energéticos por $80 236 millones, a los que se suman otros 316 proyectos del sector transporte por $47 017 millones.
“Para atraer a los inversionistas nacionales y extranjeros, a fin de ejecutar esta amplia cartera de proyectos que generarían miles de puestos de trabajo e impulsarían a las pequeñas, medianas y grandes empresas regionales, se requiere de seguridad, estabilidad, sostenibilidad, confianza y reglas claras. Decretar clausuras injustificadas de locales, anunciar demoliciones, crear trabas burocráticas y cuestionar el papel de los empresarios, es innecesario e irracional. Más fácil, menos costoso, más productivo y en línea con lo que el país necesita sería subsanar deficiencias si las hubiere y más bien acompañar el crecimiento y la inversión”, manifestó PERUCÁMARAS
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