Mientras en el Congreso aún se discute la ampliación del programa Reinfo —que prolonga la informalidad minera y actúa como escudo para la ilegalidad—, las economías ilícitas continúan expandiéndose con efectos estructurales. Un estudio de la universidad del Pacífico estima que estas actividades mueven alrededor de USD13 000 millones al año, el equivalente al 4 % del PBI.
El delito de trata de personas se entrelaza con estas economías. Según el Observatorio del Crimen y la Violencia de Credicorp, entre 2022 y 2025 se registraron 7325 casos, y solo en 2024 se rescataron 2809 víctimas. Estas cifras evidencian una crisis humanitaria y la limitada capacidad de respuesta estatal ante redes criminales que se fortalecen con cada año.
El auge del oro, que supera los USD4000 por onza, ha impulsado tanto las exportaciones como la minería ilegal. El Ministerio de Energía y Minas advierte que solo el 53 % de la producción se registra oficialmente. Para el economista Carlos Casas, “la competencia desleal con actividades formales deteriora el entorno de negocios, frena inversiones y reduce oportunidades de empleo sostenible”.
Los impactos trascienden lo económico. En la cuenca del Bajo Putumayo, el CINCIA halló niveles de mercurio de 15.67 mg/kg en cabello humano, casi el doble de lo registrado en el Nanay-Pintuyacu. El informe advierte: “Los grupos más vulnerables, como los niños y las mujeres en edad reproductiva, son quienes enfrentan mayores riesgos frente a los efectos neurotóxicos del metilmercurio”. En Pataz, La Libertad, la emboscada a una mina artesanal dejó 13 muertos, reflejo del vínculo entre ilegalidad y violencia.
Aunque el Estado incrementó su presupuesto para 2026 a S/177 millones contra la minería ilegal y S/289 millones para el narcotráfico, estudios de Credicorp alertan que el gasto efectivo sigue siendo mínimo frente a los USD13000 millones que mueven las economías ilegales. Investigaciones de Dafne Murillo y Sebastián Sardón muestran que solo los distritos con fuerte capacidad estatal logran transformar los ingresos extractivos en desarrollo. En los demás, la riqueza natural se convierte en corrupción y crimen.
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