El caso del ingeniero y excandidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, Walter Jacobo Gutiérrez, volvió a colocarse en el centro del debate público tras confirmarse que inició una nueva demanda contra la casa de moda Louis Vuitton, a la que exige una reparación de 20 millones de dólares. El conflicto, que se arrastra desde 2022, expone una controversia sobre presuntos abusos empresariales y el impacto que una acusación comercial puede tener en la vida personal y política de un ciudadano.
La disputa comenzó cuando Gutiérrez adquirió productos de la marca en una tienda oficial de Nueva York. Al regresar al Perú, las compras fueron incautadas en el aeropuerto Jorge Chávez luego de que la firma denunciara presunta falsificación, argumentando irregularidades en los diseños. La denuncia derivó en una investigación administrativa que inicialmente concluyó con una sanción en su contra y la retención de los artículos.
No obstante, el proceso dio un giro cuando el afectado presentó pruebas bancarias que acreditaban la compra legítima de los productos. Tras revisar la documentación, Indecopi revocó la sanción y determinó que la denuncia de la empresa carecía de sustento, ordenando además que la firma asumiera las costas del procedimiento. Pese a ello, los artículos incautados no fueron devueltos y el daño, según el demandante, ya estaba hecho.
A raíz de esta resolución, Gutiérrez decidió iniciar una nueva acción legal contra Louis Vuitton, argumentando perjuicios económicos, afectación a su imagen pública y daño moral. El excandidato sostiene que el proceso impactó directamente en su carrera política, al producirse en plena campaña electoral, y que la acusación fue utilizada para desacreditarlo públicamente.
La nueva demanda, presentada por un monto de 20 millones de dólares, busca sentar un precedente frente a lo que el denunciante considera un uso desproporcionado del poder corporativo. El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de las grandes marcas en la verificación de sus denuncias y sobre los mecanismos de protección de los consumidores frente a errores que, como este, pueden tener consecuencias legales, económicas y personales de gran alcance.
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