José Jerí Oré reafirmó su compromiso con la productividad, la competitividad y la seguridad jurídica al presentar los avances del shock de desburocratización nacional, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Durante un encuentro con gremios empresariales, la titular del sector, Denisse Miralles, anunció que el proceso ha identificado 660 intervenciones para simplificar normas y eliminar sobrecostos administrativos. De ese total, 451 medidas ya fueron culminadas, lo que representa un avance del 68 %.
“Desburocratizar, destrabar y simplificar no es solo un objetivo de gestión, es una decisión política del Gobierno del presidente José Jerí para devolverle agilidad al Estado y confianza al inversionista. Estamos ordenando con evidencia y actuando con eficacia”, afirmó la ministra Miralles. Subrayó además que la cobertura del plan es multisectorial, abarcando minería, comercio exterior y agroindustria, con el propósito de generar empleo y mejorar la competitividad nacional.
Los resultados, según el MEF, ya se reflejan en sectores como minería e hidrocarburos, donde se han destrabado proyectos de alto impacto —San Rafael, Retamas y Lote 95— con inversiones conjuntas superiores a USD 200 millones. En energía, se aprobaron proyectos estratégicos como La Niña–Piura y Puerto Maldonado–Iberia, que fortalecerán el suministro eléctrico del país. “Tan grave como la corrupción es mantener requisitos innecesarios que abren espacio al aprovechamiento indebido. Simplificar no es improvisar: es ordenar con transparencia y responsabilidad para que cada inversión se traduzca en empleo y bienestar”, destacó la ministra.
Sin embargo, desde el frente sindical surgieron duras críticas. El presidente de la CUT Perú, Julio César Bazán Figueroa, cuestionó que esta política “es la continuidad de otras que en su momento llamaron un shock de inversiones, donde lo real era permitir el abuso y la arbitrariedad de las empresas”. Bazán advirtió que el plan actual podría reabrir debates sobre normas que protegen la libertad sindical y prohíben la tercerización fraudulenta, como los decretos 001 y 014.
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