En los últimos meses del año se ha evidenciado un incremento sostenido de los conflictos sociales, que ya superan los 220 casos; el número más alto en los últimos siete años.
En su mayoría, estos conflictos responden a la categoría de socioambiental (más del 60%) y de este tipo de conflictos, el 67% están vinculados con la minería.
Esto es una constante que ya dura casi dos décadas. Así lo advirtió el 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), presentado la mañana del jueves por las instituciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz.
“Este incremento de los conflictos va de la mano del aumento de las acciones de protesta colectiva que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre. Al revisarlo por macrorregión, se aprecia que el 42% de los conflictos se encuentran en el norte, 34% en el sur y 20% en el centro. Son cifras de la Defensoría que desbaratan el argumento gubernamental de que ya se pacificó los conflictos”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcción.
En los últimos meses, algunos conflictos pasaron de latentes a activos, como el de Chumbivilcas y Cotabambas en el corredor surandino, el caso de Huanta en Ayacucho por las empresas que operan en las cabeceras de cuenca de las lagunas de Razuhuillca y el peligroso avance de la minería ilegal e informal en Pataz (La Libertad).
El 33° informe del OCM advierte que la minería ilegal se ha expandido peligrosamente a las fronteras. En el caso de la frontera con Ecuador, en la zona de la Cordillera del Cóndor y a lo largo del río Cenepa; y en la frontera con Colombia, en el río Putumayo, donde comunidades indígenas de la zona vienen siendo afectadas por las crecientes actividades vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, sobre todo en la zona del Alto Putumuayo.
Minería ilegal e informal
“La minería ilegal en Perú ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 15 años. En este período, el sector ha gozado de precios altos, especialmente en el caso del oro, alcanzando alrededor de 1,890 dólares por onza. Este auge ha permitido que la minería ilegal acumule un considerable poder económico, que ejerza control territorial y tenga una influencia política que se extiende desde alcaldes hasta congresistas”, señaló De Echave.
De acuerdo con estimaciones de CooperAcción con base en cifras oficiales, la minería ilegal e informal ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional.
Este dato cobra relevancia al considerar que las concesiones mineras formales ocupan cerca de 20 millones de hectáreas. La presencia de la minería ilegal e informal se extiende prácticamente por todo el país, afectando a casi todos los departamentos.
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