La minería ilegal amenaza las finanzas públicas peruanas este 2025, con pérdidas fiscales proyectadas de S/7800 millones en la recaudación fiscal que impactarán directamente la provisión de bienes y servicios a la población.
Esto fue anunciado por el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero. Estas cifras representan un golpe directo a la capacidad del Estado para atender las necesidades de sus ciudadanos, especialmente aquellos en las regiones más vulnerables.
El ministro Montero enfatizó que estas pérdidas afectan directamente la provisión de bienes y servicios esenciales para estas poblaciones, impidiendo el desarrollo, destruyendo el medio ambiente y generando inseguridad ciudadana.
Otro punto crucial es la discusión en el Congreso sobre una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). El ministro Montero subrayó que esta ley debe legislar las actividades formales y no ser un instrumento para facilitar a las economías ilegales o para procesos de formalización de registros vigentes o suspendidos.
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