El sector turismo en el Perú este año atraerá divisas superiores a los USD 5400 millones y generará 1.5 millones de empleos, proyectó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León.
“El gobierno del Perú ha definido una hoja de ruta clara, donde la prioridad es la implementación de megaproyectos en infraestructura turística. Estos proyectos forman parte de una visión integral que articula transporte, cultura, saneamiento, seguridad y servicios, creando condiciones para atraer inversión privada. (…) Apostar por el turismo es apostar por el futuro del país”, afirmó León.
Entre los proyectos de infraestructura turística en la cartera del gobierno, León destacó el de Fortalecimiento del Destino Turístico Priorizado Arequipa – Colca de la región Arequipa, cuya inversión asciende a S/331 millones y el Fortalecimiento del Destino Turístico Playas del Norte – Piura y Tumbes, por S/400 millones.
También mencionó el proyecto Desarrollo y Diversificación de la Oferta turística en el Corredor Turístico Macro Norte, que involucra los destinos de Cajamarca, Jaén-San Ignacio, Mundo Chachapoyas, Lambayeque, Chiclayo, Tarapoto y Alto Mayo, regiones de Cajamarca, Amazonas, Lambayeque y San Martín. Esta iniciativa demanda una inversión de S/800 millones y, según estimaciones oficiales, beneficiará a más de 5 millones de viajeros nacionales e internacionales.
La ministra informó que a la fecha se están ejecutando 29 proyectos hoteleros que representan 5.495 habitaciones y más de US$670 millones y que al cierre de este año implementarán 4 nuevos proyectos hoteleros adicionales por US$ 116 millones.
Según León, la nueva Ley General de Turismo –publicada en junio pasado– permitirá facilitará las inversiones al sector gracias a la creación de Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT) y la implementación de Zonas Especiales Privadas (ZEEP); la modificación del Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (RERA-IGV), que reduce el umbral de acceso de USD 5 millones a USD 1 millón, ampliando los beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas; y la ampliación del régimen de admisión temporal de aeronaves de uno a cinco años.