El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) es una importante fuente laboral recurrente, pero en ese caso al parecer también sería para los principales dirigentes del movimiento político Yo Arequipa, agrupación con la que el gobernador Rohel Sánchez llegó al poder en el 2023. Se detalla que seis de los nueve integrantes del comité ejecutivo regional registran contratos con la entidad pública.

Etiel Rivera Gallegos (Secretaría de Economía), Sonia Huancollo Yucra (Secretaría de Movilización), Juan Torres Huarcaya (Secretaría de Plan de Gobierno), Rolando Bedoya Parra (Secretaría de Juventudes), así como José Choque Cuno y Zuleika Tohalino Zegarra. Todos estos con vínculos contractuales con el GRA, incluso los dos últimos ocuparon jefaturas en esta gestión.

SECRETARIOS. Etiel Rivera registra dos órdenes de servicio con el GRA por un total de S/33 000 entre 2025 y 2026. Llama la atención que su primera experiencia contratando con el Estado haya sido precisamente con esta entidad, así lo revela el portal de proveedores del Estado, esto pese a contar solo con grado de bachiller en Contabilidad, según Sunedu.

Situación similar ocurre con Sonia Huancollo, quien obtuvo recientemente una orden de servicio por S/13 500 en febrero de 2026. Aunque tiene antecedentes de servicios públicos previos, su contratación coincide con la reciente conformación del comité ejecutivo del movimiento presentando al JNE.

Otro caso relevante es el de Rolando Bedoya, quien acumuló seis contratos por servicios con el GRA por más de S/80 000 desde el 2024. Es ingeniero en Administración de Empresa, título conseguido en Chile. Este incluso fue cuestionado por Contraloría al trabajar sin cumplir el perfil en el Área Funcional No Estructurada de Mantenimiento de Infraestructura Pública (AFNEMIP).

En tanto, Juan Javier Torres, registra servicios en Autodema desde 2023, además de encargos internos durante 2025. Según registros, no cuenta con grado académico y su vinculación política dentro del movimiento tendría varios años. Según Convoca habría sido colocado en el partido por Juan Bermejo, asesor cuestionado de Yamila Osorio.

BENEFICIO PARA TODOS. Incluso la personera legal de “la manito”, la misma que solicitó el registro de los anteriores citados al JNE, Carolin Villalta Arcos, también obtuvo recientes órdenes de servicio ( en total) por una suma de S/56 900 en menos de un año. Ella es abogada de profesión por la Universidad Católica de Santa María desde diciembre del 2022.

Este escenario se da en paralelo a recientes movimientos políticos dentro del entorno del gobernador. Su esposa, Luz Marina Zeballos y el gerente general del GRA, Berly Gonzáles, se afiliaron en enero a Yo Arequipa con miras a las elecciones de 2026, donde se proyectarían posibles candidaturas a la alcaldía de Cerro Colorado y al GRA.

RESPONDEN. En diálogo con Berly Gonzáles Arias, señaló que recién está conociendo a los más de 4000 afiliados e integrantes del comité de Yo Arequipa. Sobre los contratos que recibió este grupo político sostuvo que todos tienen derecho al trabajo y descartó direccionamientos a menos que “se demuestre”.

“Todos tienen derecho a contratar con el GRA, (se consulta si pasaron el filtro) por supuesto. No los calificó yo para decir si cumplen el perfil, (se consulta si no genera duda los contratos) puede ser, puede ser. Cada instancia tiene responsables”, detalló.

Sostuvo que se investigará el tema para evaluar si se cumplió diligentemente el proceso de contratación de estas personas. Si hubiera alguna irregularidad indicó que se corregira. Agregó que también varios de sus residentes y trabajadores de obra, ya están asistiendo a eventos de otros movimientos políticos.
 

ANÁLISIS. El representante legal de Solidaria Perú, Arturo Salas Vildoso, señaló que habría un posible favorecimiento indebido en las contrataciones de miembros del comité de Yo Arequipa, movimiento que está a puertas de lanzar a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales.

Señaló que si bien no existiría vulneración a la normativa, el hecho merece ser investigado por la Contraloría a fin de verificar los perfiles de las personas beneficiadas con servicios. De encontrar irregularidades, el tema pasaría de un conflicto ético a lo penal.

Explicó que en el sector público se debe contratar a quien esté mejor calificado, no a quien tenga cercanía personal, esto respentando el principio de igualdad y meritocracia. En esta figura se ve un relacionamiento con pares políticos del partido que lo llevó al poder.