Pasaron catorce años y a la fecha las autoridades no encontraron una solución para mitigar los daños de la contaminación causada por la minera Aruntani, la cual dos años después del cierre de sus actividades en 2011 desechó metales pesados al río Coralaque en Moquegua que desemboca al río Tambo y afecta directamente a la salud de los más de 60 mil pobladores de la provincia de Islay, región Arequipa.
Después de que la Red de Salud de Islay revelará que 347 menores de edad estaban intoxicados con arsénico y boro tras consumir el agua del afluente, el Gobierno central declaró estado de emergencia las zonas afectadas por inminente contaminación hídrica en agosto del 2024 y duró hasta enero del 2025.
Esta medida pretendía ejecutar las medidas necesarias para reducir el riesgo y rehabilitar las áreas alteradas tanto de Moquegua como de Islay. Las autoridades distritales criticaron el accionar del Ejecutivo y del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que realizó pruebas de tamizaje a la población más vulnerable e instaló 13 plantas potabilizadoras para supuestamente descontaminar las aguas del río Tambo.
PLANTAS INSERVIBLES. Al respecto, el alcalde distrital de Deán Valdivia, Fernando Camargo Huayna, declaró que la población de su jurisdicción continúa tomando agua contaminada con metales tóxicos porque la entidad regional no instaló la planta de tratamiento que prometieron e incluso según sus palabras ni siquiera realizaron estudios.
Camargo Huayna también criticó a los equipos porque no son factibles porque el que instalaron como prueba en Punta de Bombón no pudo filtrar los elementos nocivos como boro, magnesio y manganeso porque el afluente supera en 2000 % los límites permitidos y la concentración de cadmio está en 200 %.
CRITICAN PROPUESTAS. Por su parte, el alcalde distrital de Punta de Bombón, José Miguel Ramos Carrera, manifestó que desconoce de la instalación de la planta de tratamiento y aseguró que ninguna solución propuesta puede eliminar el agua contaminada porque los animales la beben y es regada para los cultivos del valle de Tambo. De esta manera es consumida por la población indirectamente.
Además, juzgó la declaratoria del estado de emergencia y la calificó como una “burla” porque el GRA solo envió un tacho con una capacidad de 50 litros y dos cisternas de agua de dudosa procedencia, lo cual no abastecía por completo a la población. Mostró su molestia porque en su jurisdicción no habrían empezado los exámenes de descarte a los habitantes.
POSIBLES SOLUCIONES. Ambos burgomaestres estuvieron de acuerdo en que se requiere una solución inmediata y eficaz para purificar el río Tambo. Primeramente propusieron la instalación de una planta de osmosis inversa con mayor capacidad operativa y en segundo sugirieron que la minera Quellaveco cumpla su compromiso de desviar las aguas contaminadas del río Titire y devolver el agua limpia del río Vizcachas al afluente Tambo.
Sorprendentemente, la empresa minera Aruntani SAC, que fue sancionada 22 veces por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por causar daños ambientales (ver cuadro), aseguró mediante un comunicado que la polución de los ríos Tambo y Coralaque se generó por daños naturales atribuibles a las características geológicas de la zona. De esta manera se deslindó de todo tipo de responsabilidad.
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