Mediante Resolución n.° 008-2023, el Sétimo Juzgado Especializado de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), declaró improcedente la demanda impuesta por los gremios de pensionistas del Perú, quienes pedían al Congreso de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aumentar progresivamente el dinero de las pensiones.
La presidenta de la Coordinadora de Defensa de Afiliados y Pensionistas del Sistema Previsional Peruano (Codape), Deisy Castillo Zúñiga, calificó como injusto el fallo emitido por la jueza Malvina Saldaña, quien dilató por varios meses dicha lectura final que deja en el desamparo a más de 600 mil adultos mayores.
“Su demora fue de un año para terminar diciendo que la demanda es improcedente. La jueza por intermedio de Odecma se vio forzada a resolver solo viendo el escrito demanda, de nada sirvió lo sucedido en la audiencia única no hubo juicio de valor”, señaló.
Alegó que tras esta lectura, los pensionistas tendrán que conformarse con sus irrisorios depósitos que van desde los S/250 hasta los S/500, tratando de la entrega mínima. De esta manera se aleja la posibilidad de igualar la pensión a una Remuneración Mínima Vital (RMV).
“Somos me parece el único país en Sudamérica que no nivela ni aumenta sus pensiones estancadas por más de 20 años. Necesitamos que nuestras autoridades nos escuchen”, indicó.
SU ÚLTIMA OPCIÓN. La dirigenta señaló que su último cartucho sería la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) donde bajo expediente n.° 0009-2015-PA/TC del 16 de abril del 2019, el máximo ente de la justicia ordena al Ejecutivo y Legislativo, el aumento de las pensiones en un plazo de 3 años (venció en abril del 2022).
“Teníamos la idea de luchar por una ley aprobada en el Congreso que obligue a la ONP y presione al MEF para elevar el dinero, ahora solo nos queda pedir, implorar y rogar al TC que se resuelva la supervisión de su sentencia. Si ellos quieren, mañana mismo lo pueden hacer, solo es voluntad”, señaló.
FONDO PERDIDO. Castillo Zúñiga alegó que el fondo previsional del Perú llega a los S/ 20 mil millones y este puede aumentarse con la participación de los municipios y gobiernos regionales que no ejecuten por completo sus presupuestos.
“Hubo un saque en la época de 1990, donde las autoridades utilizaron el dinero de nuestras pensiones para construir carreteras, colegios, hospitales, entre otros; pero los que se prestaron no pagan aún, la deuda supera los S/900 mil millones”, señaló.
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