El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) pierde aproximadamente el 50 % de las demandas laborales que presentan sus trabajadores para exigir permanencia, estabilidad y reconocimiento de derechos. Así lo advirtió la procuradora adjunta de la entidad, Amparo Begazo Burga, quien señaló que el resultado de estos procesos depende de las condiciones de contratación y los derechos que reclaman los servidores.
La situación es aún más favorable para el empleado en los procesos por bonificaciones para pensionistas, preparación de clases y el Decreto de Urgencia 105-2001, pues casi el 100 % de estas demandas terminan favoreciendo a los trabajadores. Se trata de beneficios y compromisos que el propio Estado reconoció, pero que no cumplió oportunamente, por lo que los servidores acuden al Poder Judicial para exigir su pago.
La procuradora también advirtió que las propias entidades públicas generan estas contingencias al contratar personal para labores permanentes sin respetar los procedimientos correspondientes. Explicó que trabajadores manuales, como carpinteros y jardineros u otros, pueden reclamar la desnaturalización de sus contratos después de tres meses, mientras que determinados servidores administrativos pueden acogerse a la protección de la Ley 24041 al superar un año ininterrumpido de servicios, siempre que cumplan las condiciones legales.
FALTA LOGÍSTICA. A este escenario se suma la sobrecarga de la Procuraduría Regional, que actualmente afronta alrededor de 10 mil procesos judiciales. Cada abogado tiene más de 500 expedientes bajo su responsabilidad, cuando, según Begazo Burga, una carga razonable debería bordear los 40 casos. La falta de personal y logística limita la capacidad de respuesta de la defensa jurídica regional.
Sostuvo que mientras no se establezcan mecanismos adecuados de ingreso al Estado mediante concursos públicos meritocráticos, las entidades continuarán generando derechos laborales y acumulando demandas. Incluso advirtió que el propio Estado termina convirtiéndose en el primer transgresor de las normas laborales al contratar trabajadores de manera irregular y mantenerlos durante años sin regularizar su situación.
“Ahora esto puede cambiar, en agosto del 2026 salió una sentencia de la Primera Sala Constitucional de la Corte Suprema para un cambio de criterio sobre la Ley 24041 y los trabajadores por recibos por honorarios, ahora solo alcanzaría para los del D.L. 276, y sabemos que estos son mucho menos porque no hay concursos”, señaló.
MÁS COMUNES. Entre las demandas laborales más recurrentes contra el GRA figuran las presentadas por trabajadores de los sectores salud y educación. Una parte importante está relacionada con las labores realizadas durante la emergencia sanitaria por covid 19, donde el personal reclama el reconocimiento y pago de derechos pendientes, como guardias hospitalarias, así como beneficios por los servicios prestados durante la pandemia.
Otro grupo importante de procesos corresponde al denominado beneficio por zona urbano-marginal, que representa un incremento del 30 % en determinadas remuneraciones de trabajadores que prestan servicios en establecimientos ubicados fuera del radio urbano o en zonas consideradas urbano-marginales. En estos casos, los trabajadores exigen que se les reconozca y pague este beneficio, lo que también genera nuevas contingencias económicas.