Los congresistas del periodo 2021-julio de 2026 fueron corruptos y nos direccionaron hacia una dictadura con las leyes que aprobaron, señaló el sociólogo José Ramos Salinas al evaluar las normas más controversiales del Parlamento de salida.
“No hay necesidad de sacar dinero para ser corrupto. Desde la filosofía política, un legislador es corrupto cuando deja de representar a su región y empieza a actuar para sus propios beneficios, con leyes que impulsan la dictadura”, expresó Ramos.
Desde que Pedro Castillo asumió la Presidencia en julio de 2021, el Congreso se declaró en oposición al Ejecutivo desde el primer momento. Su gestión parlamentaria estuvo marcada por la aprobación de leyes que aumentaron el costo fiscal y otras que debilitaron el sistema judicial del Perú.
LEY PROCRIMEN. La Ley N.º 31751, conocida como Ley Soto, acortó los plazos de prescripción de los delitos. El dato particular es que el propio expresidente del Congreso, Alejandro Soto, quien impulsó la norma, la utilizó apenas unos días después para archivar un proceso judicial en su contra por presunta estafa.
Además de esta norma, se considera que un promedio de 10 leyes calificadas como “procrimen” debilitaron el sistema judicial peruano.
LEYES POR INSISTENCIA. Según el Consejo Fiscal, el actual Congreso promulgó por insistencia más de 100 leyes, cuatro veces más que el promedio de las últimas dos décadas, generando un impacto fiscal de S/240.5 millones.
Pese a la prohibición del artículo 79 de la Constitución para crear gasto público, aprobó normas como la Ley N.º 32561 (pensiones de las FF.AA. y PNP), la Ley N.º 31729 (bono de reconocimiento de la ONP) y la Ley N.º 31495 (bono por preparación de clases), incrementando el gasto del Estado.
Para el politólogo Carlos Timaná Kure, las leyes aprobadas por insistencia, más allá de responder a intereses particulares, también evidencian la falta de preparación profesional para comprender el funcionamiento del sector público y de las instituciones.
“Es evidente la carencia del nivel profesional. Se nota en las sesiones del Pleno durante los debates; además, el mayor reflejo de ello son las leyes que han impulsado durante los cinco años”, expresó.
DEFENSORES DE CASTILLO. Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, seis congresistas de Acción Popular —Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara— fueron decisivos para impedir la vacancia de Pedro Castillo.
Según la Fiscalía, a cambio habrían obtenido el control del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para designar allegados y favorecer licitaciones de Provías Nacional, una investigación sustentada en las declaraciones de los colaboradores eficaces Karelim López y Bruno Pacheco.
CONTRA DELIA ESPINOZA. En el tramo final de su gestión, el Congreso aprobó la Ley N.º 32645, incorporando a última hora una disposición que impide integrar órganos de gobierno a personas inhabilitadas para ejercer función pública, medida que alcanza a Delia Espinoza.
