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Minería ilegal al acecho de yacimientos auríferos en Condesuyos

Alcalde provincial exigió acciones al Minem para solucionar problemas con las concesionarias

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KARELY LINARES

KARELY LINARES
redaccion@diarioviral.pe

Más de 13 mil mineros se disputan el control de yacimientos auríferos en los distritos de Río Grande, Yanaquihua y Cayarani, en la provincia de Condesuyos. La pugna por las zonas de extracción ha desatado enfrentamientos violentos y ha fomentado el uso de explosivos y armas de fuego, dejando varias víctimas mortales.

Con el auge del precio del oro entre 2003 y 2010, miles de personas se volcaron a la minería en la zona. Muchos se instalaron en concesiones existentes sin control estatal ni regulación efectiva, lo que agudizó los conflictos.

En 2017, integrantes de la concesión informal Río Grande ingresaron por la fuerza a la concesión Gedeón. Usaron explosivos, quemaron llantas, destruyeron maquinaria y se atrincheraron en un socavón para evitar ser desalojados. El ataque dejó cuatro heridos por la disputa de las áreas de explotación.

En 2019, la empresa Río Grande CEH denunció que las concesiones Copacabana y Gedeón intentaron apoderarse de sus labores mineras en el distrito de Iquipí. Aunque esta vez no hubo violencia, las mesas de diálogo organizadas por la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa fracasaron.

LA VIOLENCIA ESCALA. En agosto de 2022, trabajadores de Gedeón perforaron un túnel hasta un socavón ocupado por mineros de Señor de los Milagros. Detonaron dinamita, provocando un derrumbe que sepultó y mató a cuatro personas.

El ataque buscaba el control de las vetas auríferas. Aunque la violencia minera ya era conocida en la zona, el uso de explosivos para colapsar túneles con personas dentro marcó un nuevo nivel de brutalidad. Los familiares de las víctimas denunciaron la lentitud de la Fiscalía para actuar.

DENUNCIAS CRUZADAS. En marzo de 2023, mineros de Río Grande fueron atacados dentro de su socavón por grupos vinculados a Copacabana y Gedeón. Hubo detonaciones de dinamita y disparos de armas de fuego, lo que causó derrumbes y dejó a un trabajador mutilado.

Ambos grupos se acusan mutuamente. La Fiscalía Mixta de Condesuyos inició investigaciones por ataques con explosivos, robo y daños, pero hasta ahora no se registran detenciones ni sanciones efectivas.

EXIGEN ACCIONES INMEDIATAS. El alcalde provincial de Condesuyos, Edward Urday, exigió al Ministerio de Energía y Minas acciones inmediatas para detener los conflictos que siguen costando vidas. Además, criticó el fracaso de la formalización minera, ya que muchos trabajadores informales quedaron en el limbo legal frente a las concesionarias.

Urday pidió una reestructuración de las leyes mineras artesanales y advirtió al Gobierno central que, si no se actúa pronto, la crisis podría desencadenar tragedias mayores y una grave crisis social.

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