Este viernes 19 de julio, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a una marcha nacional contra el actual gobierno, pero la protesta fue politizada con la presencia de exautoridades que incluso aprovecharon este evento para lanzar sus candidaturas para las elecciones 2026.
Sin embargo, durante la semana, Diario Viral presentó denuncias de diferentes irregularidades que cometen el Congreso y el Ejecutivo al aprobar leyes que afectan la democracia y son temas que la sociedad civil aún parece no prestar atención para alzar su voz de rechazo. (Ver informes en diarioviral.pe/grantema)
Esa pasividad social se notó este viernes porque permitieron a los políticos que afectan la democracia marchar junto a ellos, se trata de Martín Vizcarra y los parlamentarios de izquierda como Sigrid Bazán, Jaime Quito y Flor Pablo. Además, aprovecharon para presentarse, Verónika Mendoza, sus militantes y representantes del Partido Morado.
Los principales pedidos de la protesta del CGTP fueron aumento del sueldo básico por parte de los obreros y de los políticos su reclamo fue directamente al Congreso y el gobierno liderado por Dina Boluarte, aseverando “que se vayan todos”.
El expresidente Vizcarra aprovechó para confirmar su candidatura como presidente en el 2026, pese a su inhabilitación.
Mientras que el congresista Jaime Quito aseveró que la marcha es por la renuncia del régimen de Boluarte, en contra de las transnacionales mineras, la explotación laboral, la privatización del agua y las pensiones miserables.
Las protestas se realizaron en Lima y en Arequipa donde la población partió de la plaza España con sus pancartas en contra del régimen actual. A estas se sumaron marchas en el valle de Tambo en rechazo del proyecto minero Tía María.
Mientras continuaba la marcha, desde la Fiscalía presentaron tres denuncias constitucionales contra tres parlamentarios.
La primera acusación fue contra el congresista David Jiménez Heredia como presunto autor del delito de peculado doloso por utilización, en agravio del Estado. El parlamentario habría usado los servicios de su trabajadora para que dicte clases en su instituto privado.
Minutos después se presentó la denuncia contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselli Amuruz (Avanza País), por el delito de presunta instigadora del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Su caso se da porque habría intervenido en la contratación de tres personas allegadas a su pareja, el exlegislador Paul García, en el Área de Calidad Legislativa y la Oficina de Comunicaciones e imagen Institucional del Congreso.
A los dos mencionados se sumó la acusación contra Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), quien tiene una denuncia por recortar sueldos. Ahora es acusada por la presunta instigación a la comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
Según la Fiscalía, Ruiz habría pedido ayuda al fiscal provincial Richard Rojas para que interceda ante su colega a cargo de la investigación por mochar sueldos. El intercambio sería contratar a uno de los familiares del fiscal.
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