En este 2024 fueron 6 los exfuncionarios, exmandatarios y la actual presidenta Dina Boluarte Zegarra que se beneficiaron de la Ley Servir n.° 30057, la cual permite que el Estado les brinde “la defensa y asesoría legal, asesoría contable pagada con recursos de la entidad”. En total se devengó S/891 600 en el pago de abogados que defiendan los intereses de polémicos personajes políticos denunciados.
Entre los casos que más resaltan se encuentra la mandataria Dina Boluarte a quien se le contrató un equipo de abogados por S/180 mil para su defensa contra los delitos que se le imputó como homicidio calificado y lesiones graves, caso que consiguió ser archivado en la última semana. También figura el expresidente Ollanta Humala Tasso denunciado por la presunta comisión del delito de colusión agravada. A favor de este último se invierte S/291 600.
El portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) también registra al exmandatario Alejandro Toledo Manrique con el subsidio de S/100 mil, este sigue su proceso en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por la comisión de los delitos de colusión agravada y lavado de activos.
OTROS EXFUNCIONARIOS. Entre los menos conocidos se registra a la exespecialista de la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial, Maribel Hernández Huamani, en su proceso el Estado invierte S/60 mil en letrados para su defensa. Con S/200 mil en pago de honorarios a calificados profesionales de las leyes figura Luis Nava Guibert, exsecretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Alan García Pérez por el delito de lavado de activos y relacionado al caso Odebrecht.
Como último aparece el exservidor Víctor Pereyra Vega, en su calidad de asistente de Área I de la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial. En su defensa se gasta S/60 mil. Su caso está en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
ELIMINAR LOS BENEFICIOS. Sobre el tema, el congresista de la República, Jaime Quito Sarmiento, indicó que su despacho ya elabora un proyecto de ley para eliminar todos los beneficios que pueda tener un expresidente, el cual fue aprobado en la gestión de Ollanta Humala.
“Planteamos derogar todos los beneficios, no se puede dar una pensión a los exmandatarios ni el pago de abogados. Al final de cuentas son delitos que cometieron y deberían asumir su responsabilidad. En todo caso si no tienen el dinero pueden pedir un abogado de oficio como la hace cualquier ciudadano”, indicó.
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