El Gobierno argentino oficializó el Decreto 340, que reglamenta el derecho de huelga en sectores clave como salud, transporte y educación. La norma establece que, en caso de medidas de fuerza, se debe garantizar un servicio mínimo del 75 % en actividades esenciales y del 50 % en aquellas de importancia trascendental.
Esta medida retoma disposiciones del DNU 70, previamente suspendido por la Justicia tras una presentación de la CGT.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, expresó su rechazo al decreto y convocó a un plenario de secretarios generales para evaluar posibles acciones.
El titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, calificó la medida como una violación a la autonomía sindical y al derecho de huelga protegido por la Constitución Nacional y convenios internacionales. Sergio Romero, de la CGT, criticó el decreto por considerarlo antidemocrático y antijurídico.
El decreto también modifica la Ley de Reforma Laboral N.° 25.877, declarando como servicios esenciales actividades como la navegación marítima y fluvial para transporte comercial.
SIN NEGOCIACIÓN. En el caso de los servicios esenciales, afirma el decreto, “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75 % de la prestación normal del servicio de que se tratare”.
Y agrega que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.
Estas disposiciones han generado preocupación entre los sindicatos, que ven en ellas un intento de limitar derechos laborales fundamentales. La respuesta sindical incluye la planificación de protestas y acciones legales para revertir la medida.
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