La Corte Suprema de Brasil impuso nuevas medidas cautelares al expresidente Jair Bolsonaro, procesado por liderar una presunta conspiración golpista contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. Entre las disposiciones dictadas, el alto tribunal ordenó el uso obligatorio de una tobillera electrónica y prohibió al exmandatario acceder a sus redes sociales.
El fallo también le prohíbe acercarse a embajadas, mantener contacto con diplomáticos extranjeros y comunicarse con otros implicados en el caso. La decisión forma parte de una investigación que vincula a Bolsonaro con un complot para anular los resultados de las elecciones de 2022, las cuales perdió frente al actual presidente.
La Policía Federal allanó la residencia de Bolsonaro en Brasilia y la sede del Partido Liberal, agrupación política que lidera. Posteriormente, agentes lo trasladaron a la sede policial para colocarle el dispositivo electrónico, cumpliendo con lo dispuesto por la Corte.
El expresidente estadounidense Donald Trump, aliado político de Bolsonaro, cuestionó el juicio por golpismo y lo calificó como parte de una "caza de brujas". La semana pasada, el republicano impuso un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas, citando como motivo principal el proceso judicial contra Bolsonaro.
Esta postura generó una fuerte crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El presidente Lula exigió respeto al Poder Judicial de su país y calificó las declaraciones de Trump como un "chantaje inaceptable". En la víspera, Trump envió una carta de apoyo a Bolsonaro, pidiendo el fin del "régimen de censura" en Brasil.
La defensa de Bolsonaro reaccionó con sorpresa y molestia. En un comunicado, su abogado Celso Vilardi afirmó que las medidas son “severas e injustificadas”, considerando que el exmandatario “siempre ha cumplido con las decisiones del Poder Judicial”. Añadió que la defensa responderá formalmente una vez conozca el contenido completo del fallo.
La Fiscalía acusa a Bolsonaro de cinco delitos, entre ellos golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, cargos que podrían implicar hasta 40 años de prisión. El proceso sigue avanzando ante el Supremo Tribunal Federal, que deberá determinar la responsabilidad penal del expresidente en los próximos meses.
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