La Policía Federal de Brasil acusó este viernes al expresidente Jair Bolsonaro y a su hijo Eduardo de maniobrar con representantes del Gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones a funcionarios brasileños y presionar a la Corte Suprema con el fin de archivar el juicio que enfrenta por intento de golpe de Estado.
Según el informe policial, ambos actuaron "dolosa y conscientemente de forma ilícita", al buscar que un gobierno extranjero interfiriera en el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal. Las autoridades afirman que la maniobra incluyó actos hostiles y negociaciones criminales que constituyen obstrucción a la justicia, coacción al Supremo y un atentado a la soberanía nacional.
Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos desde marzo, mantuvo diversas reuniones con funcionarios de la Casa Blanca. Las investigaciones apuntan a que durante estos encuentros, el diputado intentó "inducir, instigar y ayudar" al Gobierno estadounidense a actuar contra instituciones brasileñas y así frenar el proceso judicial contra su padre.
El juez Alexandre de Moraes, responsable de la causa en el Supremo, respaldó las conclusiones policiales y consideró que Bolsonaro y su hijo incurrieron en "actos ejecutorios y confesiones flagrantes" de delitos que se han mantenido en el tiempo.
Como respuesta, la Corte Suprema impuso nuevas medidas cautelares al exmandatario, entre ellas el uso obligatorio de tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales, de acercarse a embajadas, contactar diplomáticos o comunicarse con otros investigados, incluido su hijo.
La acusación por golpismo se suma a una larga lista de procesos que enfrenta el líder ultraderechista, quien, tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presuntamente lideró un complot junto a exministros y militares de alto rango para mantenerse en el poder.
Las nuevas diligencias judiciales surgen en un contexto internacional tenso. El expresidente estadounidense Donald Trump, estrecho aliado de Bolsonaro, presionó públicamente para que se detenga el juicio, al que califica como “una caza de brujas”. La semana pasada, el republicano anunció un aumento del 50 % en los aranceles a productos brasileños, alegando como una de las razones la persecución judicial contra su aliado.
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