Las últimas cifras de ejecuciones y condenas a muerte son las más altas de los últimos ocho años, según indica Amnistía Internacional. El año pasado se saldó con al menos 1153 ejecuciones, más de 2.400 condenas a muerte y miles de personas a la espera de su momento final.
El aumento del número de ejecuciones, del 31 % respecto al año anterior, es una preocupación entre los defensores de derechos humanos. En concreto, se pasó de ejecutar a 883 personas en 2022 a 1153 en 2023, sin tener en cuenta los millares de ajusticiamientos que se calcula que tuvieron lugar en China, donde esta práctica está sometida a secreto de Estado.
Pese a que la mayoría de los casi 200 países que hay en el mundo no mantienen la pena capital en ninguna de sus formas, un grupo de 87 Estados sí lo hacen. De ellos, nueve la tienen en consideración como castigo por la comisión de ciertos delitos especiales y 25 son abolicionistas de facto, es decir, la mantienen en sus legislaciones y firman condenas, pero en la práctica han dejado de ejecutar. Los 53 restantes continúan con una posición retencionista.
Esta situación supone "un gran avance" respecto a los 26 países abolicionistas que había en 1977, y por eso los activistas de derechos humanos como Amnistía Internacional hablan de "renovadas esperanzas" en acabar con este tipo de castigo ya que, pese al repunte en las ejecuciones, más países avanzaron hacia la abolición (total o parcial).
El camino para eliminar la pena de muerte no es sencillo, y prueba de ello es lo sucedido en Malaui en 2022. El Parlamento del país rechazó la propuesta a pesar de que el Comité para este asunto argumentó que más del 90 % de la población del país no apoyaba continuar siendo un país retencionista.
Aunque cada vez son más los Estados que ilegalizan esta práctica, su uso está muy extendido todavía en algunas regiones como Asia y África. Más del 90 % de ejecuciones se llevaron a cabo en Arabia Saudí, Irán y China, que apuntan una tendencia al alza en los últimos tiempos.
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