La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica solicitó este martes a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, con el fin de permitir su procesamiento judicial por el presunto delito de concusión. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia democrática del país centroamericano, ya que nunca antes se había tramitado una solicitud de este tipo contra un mandatario en funciones.
Con 15 votos a favor y siete en contra, los magistrados respaldaron la acusación presentada por la Fiscalía General, que señala a Chaves por presuntamente haber favorecido en 2023 a colaboradores cercanos con contratos de consultorías financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Uno de los principales señalados es Federico “Choreco” Cruz, estratega de campaña y asesor presidencial, quien habría sido beneficiado con un contrato de 32 000 dólares.
La Fiscalía también involucra en el caso al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de despacho de Chaves. Según el expediente, Rodríguez habría instruido al empresario Christian Bulgarelli para diseñar un contrato a medida que facilitaría el pago a Cruz. Bulgarelli actúa actualmente como testigo colaborador del Ministerio Público, bajo la figura de “testigo de la corona”.
La decisión de levantar la inmunidad ahora está en manos del Congreso, que deberá debatir el pedido y reunir una mayoría calificada dos tercios de los votos presentes para autorizar el proceso penal. La Asamblea todavía no fija fecha para discutir el tema, mientras crecen las expectativas en el ámbito político y judicial.
Este no es el único caso que enfrenta el mandatario. La semana pasada, la Fiscalía presentó otra acusación contra Chaves por su supuesta participación en una estructura de financiamiento ilegal durante la campaña electoral de 2022. En ese caso, el presidente es investigado por utilizar una red financiera privada no supervisada por el Tribunal Supremo de Elecciones.
Hasta el momento, la Presidencia de la república no emitió comentarios sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema. Sin embargo, la prensa local ha recordado la existencia de audios grabados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, en los que se escucha a Chaves interesarse directamente por la contratación de Cruz, lo que podría comprometer aún más su posición frente a la justicia.
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