El asesinato del fiscal Suárez fue perpetrado el miércoles en la ciudad costera de Guayaquil en medio del estado de excepción y la declaración de un conflicto armado interno por parte del Gobierno de Daniel Noboa ante una espiral de violencia desatada la semana pasada y atribuida a bandas criminales.
Suárez, que había interrogado recientemente a los detenidos por el asalto al canal TC Televisión de Guayaquil, fue asesinado por sicarios que dispararon a su vehículo cuando se dirigía a una audiencia en un caso de tráfico de drogas, sin estar protegido por un equipo de seguridad.
El Gobierno de Ecuador ha rechazado el asesinato a tiros del fiscal y ha ratificado su compromiso de apoyar a la administración de justicia en el marco de la "guerra interna" que lleva adelante contra el crimen organizado trasnacional.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, deploró el crimen de Suárez y dijo que el Ministerio Público no detendrá su lucha contra los grupos del crimen organizado.
"Este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador", pero "los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana", apuntó Salazar el miércoles.
La fiscal hizo un llamamiento a las fuerzas del orden para "garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en cumplimiento de nuestras funciones", así como al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias judiciales que llevan adelante fiscales de las unidades contra el crimen organizado "se desarrollen de forma telemática". (EFE)
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